En la oposición hace más frío

En las once entregas anteriores he tratado de resumir una primera etapa de mi vida política, comprendida entre junio de 1977 —fecha de las primeras elecciones democráticas de la historia reciente de España, en plena etapa constituyente— y octubre de 1982, cuando tuvo lugar el gran triunfo socialista de Felipe González y la enorme derrota, casi desaparición, de UCD.

A lo largo de esos escritos, he intentado rendir cuentas a los miles de ciudadanos que, con sus votos, confiaron en mí a través de UCD. Gracias a su apoyo, no solo fui elegido diputado a Cortes, sino que también ocupé diversos cargos ejecutivos: director general de Relaciones con las Cortes, último subsecretario de Presupuestos y Gasto Público del Ministerio de Hacienda, y, como responsabilidad política final, presidente provincial de UCD en Las Palmas.

Todo ello me permitió vivir momentos históricos y decisivos, como ser parlamentario el 23 de febrero de 1981, durante el intento de golpe de Estado liderado por Tejero. También participé activamente en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982. Pude influir en la inclusión del Régimen Económico y Fiscal (REF) en el texto constitucional, en la obtención de la subvención al transporte de mercancías desde Canarias, y en la ardua lucha por lograr una universidad plena para esta isla. No faltaron momentos difíciles, como la encerrona de Las Cañadas, en el contexto del debate sobre la preautonomía canaria.

Hago este breve resumen de esos primeros once artículos de mi Rendición de Cuentas para señalar que hoy inicio un nuevo relato, una nueva etapa, también de rendición de cuentas, aunque desde una perspectiva muy distinta a la anterior. No es lo mismo ejercer la política desde espacios de poder, como lo hice durante los gobiernos de la UCD en aquella primera etapa, que hacerlo desde la oposición, frente a la izquierda socialista triunfante en las elecciones de octubre de 1982. Cuando se suele decir entre políticos, en la oposición hace más frío.

En esta otra etapa, que sitúo entre 1982 y las elecciones de 1986, asumí en realidad tres responsabilidades distintas, aunque compatibles entre sí —y, por supuesto, con un único sueldo, como no hace falta aclarar.

Fui diputado a Cortes por esta provincia (como ya he señalado anteriormente, el único de UCD que logró sobrevivir a la catástrofe electoral de octubre de 1982). Tuve la suerte de que, correspondiendo al reducido grupo centrista —tan solo 12 diputados— un puesto en la Mesa del Congreso, la vicepresidencia cuarta, mis compañeros me lo ofrecieron y acepté. Esa fue mi segunda responsabilidad.

Antes de que concluyera esa legislatura, concretamente en 1985, y ya desaparecida la UCD, me había integrado en el Partido Liberal, presidido entonces por José Antonio Segurado. En ese contexto, fui elegido secretario general del partido, un cargo nacional del que también quiero dejar constancia.

Orden, pues, en el relato. Comenzaré por resumir mi labor en la Mesa del Congreso. En próximas entregas rendiré cuentas de mis intervenciones parlamentarias como diputado, y más adelante de mis funciones y actividades como secretario general de un partido de ámbito nacional.

Vuelvo a citar aquí aquella célebre expresión de Unamuno: «Perdone que hable tanto de mí mismo, pero es que soy la persona que tengo más cerca».

Antes de cerrar esta duodécima entrega, quiero hacer dos menciones importantes: en primer lugar, a los compañeros del grupo centrista que me propusieron para formar parte de la Mesa del Congreso; y en segundo lugar, a la composición plural de dicha Mesa, integrada por miembros de diversas fuerzas políticas. Todos conformamos un equipo que, creo, condujo con gran equidad y solvencia las tareas que le eran propias.

De los compañeros del Grupo Centrista, los doce que logramos sobrevivir a aquella catástrofe electoral, basta con mencionar algunos nombres ilustres. Por ejemplo, Landelino Lavilla, expresidente del Congreso —seguramente recordarán su rostro, pues fue a quien apuntó Tejero durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981—. Landelino encabezó la candidatura de UCD por la provincia de Madrid y, como solo resultó elegido él, renunció a su escaño, permitiendo que accediera el segundo de la lista: nada menos que Leopoldo Calvo-Sotelo, quien fuera el último presidente del Gobierno de la UCD.

También formaban parte del grupo destacados exministros como Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa y Luis Ortiz, además de Gabriel Cisneros, uno de los ponentes de la Constitución. Y estábamos dos canarios: Luis Mardones, por Santa Cruz de Tenerife, y yo, por esta provincia. Gracias a la generosidad de todos ellos, tuve el honor de ocupar la cuarta vicepresidencia.

La Mesa del Congreso se constituyó el 18 de noviembre de 1982 y estuvo integrada por el presidente, Gregorio Peces-Barba, junto con los cuatro vicepresidentes, en el siguiente orden: Leopoldo Torres Boursault (PSOE), Antonio Carro (AP), Josep Verde y Aldea (PSOE), y yo mismo (UCD). Como secretarios, también por orden, figuraban: Ciriaco de Vicente (PSOE), María Victoria Fernández-España (AP), José Manuel Pedregosa (PSOE) y José María Trias de Bes (Convergència i Unió).

En próximas entregas hablaré de las funciones de la Mesa y del espíritu institucional que caracterizó su labor durante aquella legislatura, así como de los múltiples viajes representativos y actos protocolarios que vivimos. Pero quisiera adelantar aquí algunos aspectos significativos.

Por ejemplo, en aquella Mesa compartíamos espacio personas con trayectorias muy distintas. Entre nosotros se encontraba Antonio Carro, antiguo ministro en la etapa franquista y, a la vez, letrado del Consejo de Estado por oposición. A pesar de las diferencias ideológicas —la mayoría de la Mesa era socialista, con cinco de sus nueve miembros pertenecientes al PSOE, algo lógico dada su mayoría absoluta de 202 diputados sobre un total de 350—, lo cierto es que durante los cuatro años de legislatura no se produjo ni un solo debate centrado en el origen político de sus integrantes.

Sí existieron discrepancias en cuestiones técnicas, como la calificación de escritos o determinados criterios interpretativos, pero siempre se abordaron con respeto profesional y voluntad de consenso.

También quiero destacar que el vicepresidente primero, Leopoldo Torres, fue designado fiscal general del Estado en 1986. Asimismo, el secretario Primero, Ciriaco de Vicente, había sido, antes de ser elegido diputado por Salamanca, delegado de Trabajo en la provincia de Las Palmas.

Por último, como anécdota, señalar que ocupé la cuarta vicepresidencia gracias a que contábamos con un grupo parlamentario de 12 diputados —el grupo centrista— y porque la Mesa debía reflejar la pluralidad política. Sin embargo, Convergència i Unió también tenía 12 diputados y expresó su malestar porque la mayoría del PSOE me prefirió a mí para ese cargo, relegando a Convergència a la cuarta secretaría. ¡Ja! ¡Qué diría hoy Puigdemont de una decisión así!