Estatuto de Autonomía: «Lo mío es mío y lo tuyo, a compartir» (2ª parte)

Estos dos asuntos fueron, en primer lugar, la representación política: la triple paridad, el número de diputados y la distribución por circunscripciones electorales. Y, en segundo lugar —más vinculada aún al eterno pleito insular—, la cuestión de la capitalidad: ¿única o compartida? ¿Y dónde debían ubicarse las sedes institucionales?

Fueron innumerables las reuniones y los debates en torno a estos temas, y créanme, no resultan fáciles de sintetizar. Voy a intentarlo.

Triple paridad

Al inicio de este apartado, quiero rendir homenaje a dos senadores de la época, representantes de UCD en sus respectivas islas, que lucharon incansablemente —y lograron convencernos a los demás parlamentarios— sobre la necesidad de una sobrerrepresentación de los territorios insulares, más allá de considerar únicamente la población. Me refiero a Rafael Stinga, por Lanzarote, y Acenk Galván, por La Palma.

En aquellos debates, llegamos incluso a plantearnos la creación de dos Cámaras o Parlamentos: uno basado en la población, como el Congreso, y otro en la representación territorial de las islas, como el Senado. Sin embargo, descartamos esta opción por ser costosa y excesiva, ya que ninguna otra comunidad autónoma cuenta con un doble parlamento.

Finalmente, acordamos establecer en 56 el número total de diputados del Parlamento Canario, distribuidos entre las islas según el criterio de triple paridad: 14 para Tenerife y Gran Canaria, 28 en cada una de las dos provincias y una asignación equitativa entre las dos islas más pobladas y las otras cinco. Así, se asignan 7 diputados a cada una de las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, 4 a La Gomera y 3 a El Hierro.

Así se estableció el principio de triple paridad, garantizando un equilibrio entre las dos provincias, asegurando la misma representación para Tenerife y Gran Canaria, y estableciendo una distribución justa entre las islas más pobladas y el resto del archipiélago.

No me gusta referirme a estas últimas como islas menores, ya que todas tienen la misma importancia como territorios insulares, cada una con sus propias necesidades, independientemente de su población.

En este relato, comparto una anécdota que explica por qué, en lugar de los 56 parlamentarios acordados inicialmente en UCD Canaria, el Estatuto de Autonomía se aprobó finalmente con 60, añadiendo cuatro escaños más: uno para Tenerife, otro para Gran Canaria, otro para Lanzarote y otro para La Palma, manteniendo así la triple paridad.

La propuesta de aumentar a 60 el número de diputados—cuatro más de los inicialmente acordados—me fue planteada personalmente por el ponente del Estatuto y también ponente constitucional por el Partido Comunista, Jordi Solé Tura. Su grupo mantenía una enmienda a la totalidad del proyecto de nuestro Estatuto y, cuando estaba previsto su debate en la Comisión Constitucional del Congreso, el 12 de mayo de 1982, me comentó que retirarían dicha enmienda y votarían a favor del Estatuto si aceptábamos ampliar en cuatro el número de parlamentarios. Esto les brindaría una mayor posibilidad de obtener representación en Canarias, dado su limitado peso político en las islas.

Le respondí que, aunque era uno de los ponentes de UCD, debía consultar la propuesta con el resto de los parlamentarios canarios y con la dirección del partido. Finalmente, aceptamos, ya que se trataba de un cambio relativamente menor y nuestro interés principal era que el Estatuto saliera adelante con el mayor respaldo y consenso posible, como efectivamente ocurrió.

Ahora, tras la última reforma estatutaria aprobada por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de noviembre, se ha introducido una lista regional con 9 diputados adicionales, otorgando uno más a Fuerteventura. Esto ha roto el principio de igual representación por provincias, así como el principio de igual representación entre islas más y menos pobladas. Sin embargo, en mi opinión, esta modificación es innecesaria, ya que introduce una diferencia sustancial entre los parlamentarios: 61 son elegidos exclusivamente en su isla, mientras que 9 lo son por el conjunto de las 7 islas (8 si contamos La Graciosa, que también es una isla habitada). Aunque esta medida haya sido impulsada por los partidos más importantes, no resuelve el problema de que el presidente de Canarias, elegido entre los diputados, no necesariamente deba proceder de la lista de 9, lo que discriminaría a algunos diputados sobre otros.

Dejo aquí mi crítica para no extenderme demasiado y porque, en cualquier caso, no tengo que rendir cuentas sobre este aumento costoso e inútil en el que no participé en absoluto.

Capitalidad compartida: ubicación de sedes

Desde el principio, esta fue la principal batalla. Había nostálgicos de la capitalidad única (en Tenerife, por supuesto) que veían en la autonomía la oportunidad de recuperarla y borrar lo que consideraban una nefasta división provincial impuesta por Primo de Rivera en 1927.

Sin embargo, la mayoría pensábamos que, por el contrario, la autonomía era una gran oportunidad para superar el viejo pleito insular, pero desde el realismo, el equilibrio y el reparto proporcional del poder político.

Lo primero que defendimos fue que la presidencia del Gobierno tuviera una sede alternante, como así se ha mantenido (al menos de forma teórica). Además, se acordó que hubiese un solo Parlamento, cuya sede inicial sería La Laguna, por razones históricas, universitarias y por su cercanía al aeropuerto de Los Rodeos, que en ese momento era el único en Tenerife.

Para equilibrar, se consiguió que la Delegación del Gobierno de España y la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estuvieran en Las Palmas de Gran Canaria, la otra capital del Archipiélago. Esto no fue sencillo, ya que ambas instituciones no son instancias autonómicas. De hecho, Canarias es la única Comunidad Autónoma en cuyos Estatutos se establece explícitamente la ubicación de la Delegación del Gobierno central y del Tribunal Superior.

El tema de la ubicación de las sedes no ha estado tanto en la letra de las normas (incluida la Ley de Sedes, ley 4/1997 de 6 de junio, que impulsamos José Carlos Mauricio y yo para preservar los equilibrios), sino en la interpretación que se hace en algunas islas y por determinados sectores —o muchos— y medios de comunicación.

Se impone una lógica desigual: lo mío es mío y exclusivo; lo tuyo, a compartir. Un ejemplo claro es el Parlamento y la Delegación del Gobierno. El Parlamento celebra absolutamente todos sus actos, reuniones, ponencias y comisiones en Tenerife, en su sede. Fui presidente del Parlamento entre 1995 y 2003, y así lo mantuve (de hecho, junto con Carolina Darias, soy uno de los grancanarios que han ejercido esa función en más de cuarenta años de autonomía). Además, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común (este último con sede legal en La Palma) también desarrollan sus tareas esenciales cerca del Parlamento.

En cambio, la Delegación del Gobierno está más distribuida: la Subdelegación se encuentra en Tenerife, pero ni la jefatura de la Guardia Civil ni la Capitanía General están en Gran Canaria. Conseguir que la Jefatura Regional de la Policía Nacional se estableciera en Gran Canaria fue una lucha, y el mérito de este logro corresponde, en gran parte, a una sugerencia que hice a Eligio Hernández durante su etapa como delegado del Gobierno en Canarias. No fue tarea fácil, pero finalmente lo logró.

En resumen, los temas de equilibrio regional no son fáciles. Ya expuse en la entrega anterior lo sucedido con la preautonomía en la encerrona de Las Cañadas, antes de contar con un Estatuto.

Este puede tener fallos, sin duda, pero en general, creo que la autonomía ha sido muy positiva para Canarias. La aprobación del Estatuto fue un proceso lento durante años, aunque al final se aceleró con demasiada prisa. Aun así, representó un cambio trascendental. No siempre se ha aplicado con equilibrio, y en ocasiones han surgido distorsiones, sobre todo por parte de quienes aún sueñan con una supremacía regional que nunca volverá.