El turismo escucha, actúa y cumple

El acuerdo firmado por los sindicatos citados y las patronales FEHT, Asofuer, la FTL y Asolan implica un desembolso superior a los 100 millones de euros solo en 2025, que asumen las empresas y estará orientado a mejorar salarios y cotizaciones. El dato no es menor. Es una cifra considerable, asumida por un sector que ha liderado la recuperación económica tras la pandemia y que, aun en un contexto global inestable, ha optado por anticiparse a la conflictividad. La subida real para 2025 será del 5%, muy por encima de la inflación prevista, y en 2026 se aplicará otro 4% sobre las tablas actualizadas. Además, se incluye una prima de 650 euros por presencialidad y productividad, a abonar en mayo. Para los escépticos, queda dicho: esto va en serio.

Pero no solo se ha pactado el bolsillo. El acuerdo prevé la apertura formal de la mesa negociadora del próximo convenio (2026-2029) en septiembre de este año, y ya se incorporan compromisos relevantes como el complemento para turnos partidos o las medidas de salud laboral, entre las que se incluye algo tan concreto y necesario como las camas elevables. Puede ser un detalle aparentemente menor que, sin embargo, resume con precisión el tipo de avances que marcan la diferencia en el día a día de miles de trabajadoras del sector.

Pero el texto no se queda en lo contractual. Empresarios y sindicatos compartimos por escrito y con nuestra firma el diagnóstico sobre algo más profundo: la necesidad de prestigiar las profesiones turísticas, combatir los discursos en contra de nuestra actividad y recuperar el valor real y también simbólico del turismo como proyecto colectivo de la sociedad canaria. En este sentido, acordamos acciones conjuntas para revertir la creciente corriente crítica contra el modelo turístico. Una crítica legítima, claro está, cuando se hace desde el rigor y la evidencia, pero que a menudo se desliza por derivas populistas que mezclan interesadamente las externalidades del sector con otras insuficiencias de gestión convertidas en males crónicos de la Canarias de hoy.

La firma del acuerdo desactiva la huelga prevista para los días 17 y 18 de abril, y establece un marco de paz social hasta finales de 2026. Esto, en una comunidad donde el turismo representa más del 35% del PIB y del empleo, equivale a una auténtica vacuna contra la incertidumbre. No es poca cosa en estos tiempos donde la volatilidad parece ser la norma.

Ahora bien, el acuerdo deja en evidencia, de forma involuntaria pero elocuente, a otro actor de esta historia: las administraciones públicas. Porque si el sector turístico ha hecho la tarea, con un esfuerzo económico real y con compromisos nítidos, ¿puede decirse lo mismo de los poderes públicos? ¿Están las instituciones respondiendo con la misma altura de miras? La respuesta, por desgracia, es conocida.

La visión de los empresarios, y también de muchos ciudadanos, es elocuente: que ahora toca responder a las administraciones públicas. Porque tanto residentes como turistas comprueban cada día una realidad que como canarios nos resulta dolorosa: el deterioro de los espacios públicos en las zonas turísticas, los problemas con la vivienda, el muy mejorable estado del litoral, los atascos en las carreteras, la falta de mantenimiento urbano. Porque una cosa es generar empleo y otra, muy distinta, es garantizar que los entornos donde ese empleo se produce estén a la altura de la oferta del sector. A esto hay que sumar el lastre de la burocracia, pues la lentitud administrativa se ha convertido en una variable estructural, no coyuntural, que afecta por igual a inversores y ciudadanos a título particular. Y si el sector público no agiliza procedimientos ni moderniza su aparato gestor, todo pacto, por ambicioso que sea, acabará perdiendo buena parte de su eficacia.

Conviene recordar algo: sin entornos cuidados, sin servicios eficientes y sin una Administración que resuelva y no entorpezca, el prestigio de un destino también se resiente. No solo entre los visitantes, sino -y esto es aún más preocupante- entre los propios trabajadores del sector y los ciudadanos canarios en su conjunto. En este barco viajamos todos.

En este contexto, el acuerdo suscrito es también un aviso para navegantes. Los empresarios hemos dado un paso al frente, hemos asumido un coste, hemos pactado mejoras sustanciales y hemos sellado con los sindicatos un compromiso de estabilidad. A cambio, reclamamos que el resto de los actores cumplan con su parte. Que la mejora salarial no se vea eclipsada por un entorno urbano degradado, un sistema de movilidad colapsado o una política de vivienda que impide a los trabajadores del sector el acceso al suelo residencial en el que desean vivir y que no está disponible por la escasez derivada de la parálisis.

El acuerdo firmado es sin duda un buen acuerdo. Pero también es un espejo. Uno que refleja qué ocurre cuando hay voluntad de llegar a pactos razonables, sin maximalismos ni trincheras. Uno que debería hacer reflexionar a los que aún creen que el turismo es un problema más que una solución. Porque si este sector es capaz de ordenar su casa, tal vez sea el momento de pedir al resto que haga lo propio.