El PSOE y su caída libre en derechos LGTBI

Los primeros datos internos mostraron la fuga: entre cuatro y seis puntos de voto migraban hacia Sumar, Más Madrid o ERC, según sondeos filtrados por fuentes de la dirección federal. El partido que había liderado la agenda igualitaria- matrimonio homosexual en 2005, Ley de Identidad de Género en 2007- pasaba de marcar el paso a correr tras él. La inercia de Gobierno se mezclaba con la presión callejera y con la competencia de los socios de coalición, erosionando un capital político que parecía inagotable.

Para medir el volantazo basta retroceder a 2010. Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE y rostro del activismo gay, convenció al Ministerio de Justicia de emitir la Instrucción de 5 de octubre: los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero podían inscribirse en el Registro Civil español cuando mediara una sentencia firme del país de origen. Fue un salvoconducto para cientos de familias homoparentales que, de un díapara otro, dejaron de vivir entre despachos y notarios.

Quince años más tarde, el mismo partido deshizo ese nudo a favor de la igualdad. La Instrucción de 28 de abril de 2025- firmada ahora por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública- derogó las de 2010 y 2019 y prohibió la inscripción directa de esos menores aun con sentencia extranjera. Quedaban dos salidas: acreditar la filiación genética de uno de los progenitores o embarcarse en un proceso de adopción pleno en España, un trámite de hasta dos años. Más de un centenar de familias, según las ONG, quedaron atrapadas en un limbo legal el mismo 1 de mayo en que pretendían registrar a sus hijos.

El contraste resulta difícil de digerir: cada junio el PSOE homenajea en el Orgullo la memoria de Zerolo, mientras en el Boletín Oficial de Estado entierra una de sus conquistas.

Muchos militantes perciben el gesto como pura escenografía, sobre todo si se recuerda que el matrimonio igualitario se aprobó en tres meses y la Ley Trans necesitó casi dos años y una fractura interna visible.

Entre la renuncia de Antonelli y la contrarreforma sobre la gestación subrogada se han sucedido señales menores pero reveladoras. Sin explicación, desapareció la 'Q+'- que incluía a identidades queer -del logo oficial. El pacto estatal contra los delitos de odio lleva meses congelado a la espera de memoria económica. La prometida proposición de ley para equiparar el VIH a una enfermedad crónica se ha pospuesto cuatro veces con la excusa de la congestión legislativa.

Mientras tanto, otras fuerzas avanzan. Sumar plantea crear una Autoridad Independiente LGTBI; Más Madrid promete despatologizar la intersexualidad antes de 2027; ERC y Bildu impulsan leyes autonómicas que elevan el listón estatal. Parte del electorado socialista, tradicionalmente fiel en las europeas y municipales, amenaza con la abstención o el voto cruzado.

La secuencia que une a Antonelli y Zerolo resume el viaje: de pionero en derechos LGTBI a partido visto como titubeante e incluso regresivo. El riesgo es palpable: que la retórica de orgullo se desvanezca en eco si no se acompaña de hechos tangibles. Blindar presupuestariamente la Ley Trans, habilitar un cauce ágil para inscribir a los hijos nacidos por subrogación y reactivar el pacto contra los delitos de odio serían pasos imprescindibles para recomponer la relación con su base arcoíris. Hasta entonces, cada manifestación volverá a dejar en el aire la misma pregunta: ¿sigue el PSOE siendo la casa natural de la igualdad LGTBI o se ha convertido en un invitado puntual a la causa que un día lideró?