Sin instituciones sólidas y abiertas no tendremos una Gran Canaria sostenible

De ahí que, cuando nos levantamos un día con el discurso grotesco y simplón de Donald Trump o al siguiente día con la agresividad de Milei denostando al Estado y las ayudas sociales, abogando por su adelgazamiento, la bajada de impuestos y la eliminación de regulaciones a los bancos y grandes monopolios empresariales, no nos queda otra que preguntarnos si ese debilitamiento del Estado que nos proponen está pensado para el bien común y la mayoría social o, en cambio, es simplemente una cortina de humo para colarnos de sopetón la agenda interesada de las élites económicas poderosas.

En realidad, mucho tenemos que preocuparnos, y ocuparnos, cuando esos discursos simplistas y populacheros que asimilan la regulación y la acción de los gobiernos a un concepto de libertad abstracto, vacío y tramposo, resultan en propuestas escandalosamente autoritarias con control estatal férreo de la ciudadanía acompañado de una degradación de las libertades y derechos que tanto nos han costado conseguir.

Y no es casualidad que precisamente esos grupos de poder político y económico, que abogan por la eliminación de las regulaciones que tanto les molesta a sus intereses y por unos estados débiles que puedan ser controlados y maniatados, estén lanzando campañas de desprestigio del compromiso internacional alcanzado en la ONU con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ante esto, la historia social y económica del siglo XX y este XXI nos enseña que contar con una democracia sólida, buen gobierno y una administración pública que funcione bien, es una garantía mínima para alcanzar un desarrollo socialmente justo, económicamente viable y ambientalmente equilibrado. La inclusión del ODS 16, que junto al ODS 17 conforman la dimensión de gobernanza pública de la Agenda, viene a señalar que avanzar hacia ese desarrollo sostenible o Ecoisla Gran Canaria que aspiramos, requiere precisamente contar con instituciones y alianzas sólidas.

Dado que creemos que lo público se construye hacia dentro y hacia afuera, situamos la participación ciudadana como un factor clave y estratégico de la gobernanza pública y, por lo tanto, para la Agenda Gran Canaria 2030 de Desarrollo Sostenible. Para ese ideal de Ecoisla Gran Canaria que asume la Agenda 2030, se entiende que la participación ciudadana actúa transversal e integradamente en todos los ámbitos del desarrollo y, en suma, contribuye a la construcción de gobiernos abiertos y sólidos con una gobernanza pública participada. De hecho, se puede entender mejor el principio holístico e integral de la estrategia de la Agenda 2030 (la interrelación de todas las dimensiones que comprende el desarrollo, relacionadas con las personas, la prosperidad económica, el planeta, la gobernanza o la cultura) si relacionamos las posibles implicaciones de la participación ciudadana en una gran parte de las metas para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Está presente cuando la comunidad educativa, padres y madres incluidas, interviene en decisiones relativas a los comedores escolares, una acción que ayuda a la reducción de la pobreza infantil (ODS 1) y la subalimentación (ODS 2). O cuando implicamos a las personas usuarias de centros primarios de salud para co-diseñar mejoras en el funcionamiento de este servicio público (ODS 3). Cuando montamos procesos deliberativos con el alumnado para decidir sobre funcionalidades de los centros (ODS 4). Cuando hacemos con metodología participativa planes de igualdad de un municipio o una empresa (ODS 5). Cuando se lleva a cabo un proceso participativo para elaborar un plan insular de agua (ODS 6).

También cuando se promueven comunidades y cooperativas energéticas de gestión colectiva (ODS 7). Si promovemos la participación de la comunidad local en el diseño y gestión de destinos y productos turísticos sostenibles (ODS 8). Cuando se activan procesos de innovación colaborativa para crear y gestionar canales de comercialización de la pequeña industria canaria (ODS 9). Cuando implicamos a entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de migrantes y profesionales para la elaboración de un plan de convivencia e interculturalidad que busque promover la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de su origen (ODS 10). Cuando se hace un proceso participativo para elaborar un plan de movilidad de un territorio o municipio, o fomentamos la constitución de cooperativas de vivienda colaborativa o co-vivienda (ODS 11).

Está presente cuando se consigue la participación ciudadana en la gestión integral de residuos sólidos urbanos o un grupo de vecinos y vecinas diseñan y gestionan colectivamente un grupo de compostaje orgánico (ODS 12). También en el caso de introducir a la comunidad junto al gobierno local y el sector privado en el diseño participativo de un plan local de lucha con el cambio climático (ODS 13). O cuando se crean Barrios Azules para promover cambios en la gestión pública de nuestro litoral y la concienciación ciudadana (ODS 14). Cuando se implica a agricultores, pastores y ganaderos en la creación y gestión de mecanismos de conservación y regeneración y restauración de nuestra cumbre grancanaria (ODS 15).

Por otro lado, se construye instituciones sólidas de gobierno (ODS 16) cuando se implica a la ciudadanía y la sociedad civil organizada en la prevención y lucha contra la corrupción o se organizan campañas de educación y cultura democrática dirigidas a la juventud. La participación está presente cuando se hace un proceso participativo que, a la vez que contribuye a una intervención pública eficaz, fortalece las alianzas en la esfera pública, de las instituciones públicas competentes en el territorio, y público-privadas, con la sociedad civil y el sector empresarial (ODS 17). O en el caso del proceso participativo llevado a cabo para implicar a la ciudadanía de nuestra cumbre en la declaración del Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria (ODS Cultura).

En suma, entendemos que construir una isla de progreso y justicia social, el ideal de Ecoisla 2030, cuidadosamente labrada por todos y todas, y que tenga en cuenta a las generaciones futuras, no será posible sin la implicación real de toda la ciudadanía junto a las instituciones públicas y el sector privado. Y bien poco avanzaremos sin contar con esas instituciones de gobierno abiertas y sólidas que nos marca las Naciones Unidas como transversalidad necesaria de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.