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Alberto Rodríguez y el laberinto de la justicia

Alberto Rodríguez y el laberinto de la justicia

Con este acuerdo del Tribunal Constitucional no solo se ampara un despojo ilícito, se ampara también la propia esencia del parlamentarismo

Héctor Morán

Responsable de organización de Drago Canarias

Viernes, 19 de enero 2024, 22:42

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El dieciséis de enero comenzó a ponerse el primer pie de página a uno de los episodios más chuscos de la utilización política de la justicia al servicio del parlamentarismo español en Madrid.

Hace dos años que el Tribunal Supremo, con todo su boato, y la Presidencia del Congreso de los Diputados, confluyeron en la idea de poner pie en pared para aniquilar la trayectoria de un político que encarnaba a la perfección el activismo social y la sencillez; con la representación de una sociedad diversa como es la nuestra. La actitud personal, el lenguaje, la estética y hasta el modo de vestir de Alberto Rodríguez destacaban en aquel Parlamento como «una mosca en la leche» y esto, claro es, molestaba a muchos.

Hoy, a la luz de lo acordado, lo transitado para su linchamiento político lleva camino de terminar como suele suceder en estos casos: la verdad de la gente termina imponiéndose a la parafernalia de algunos ególatras de la judicatura, de juncales presidencias o de intereses de compañeros/as que fueron incapaces de discriminar, atinadamente, los valores democráticos que estaban representando. El atajo final de esta lamentable historia es de sobra conocido, pero, además, ahora sabemos que fue manifiestamente ilegal, y aún queda mucho camino por andar para resarcir, en parte, los derechos de representación conculcados hace ahora más de dos años.

Con este acuerdo del Tribunal Constitucional no solo se ampara un despojo ilícito al diputado Alberto Rodríguez, se ampara también la propia esencia del parlamentarismo, se ampara la decisión soberana de los electores/as sea cual sea su distrito o espectro ideológico, se ampara la dignidad de cualquier representante de la ciudadanía ante futuros intentos de ser doblegado/as con tácticas o procedimientos torticeros, se ampara la ética de una lista electoral que se mantuvo firme al negarse a sustituir al diputado y dar con ello carta de naturaleza a la flagrante injusticia de la 'justicia' y a una cacicada perpetrada por quienes debieron darle apoyo en la institución en que prestaba su representación política. Esta lucha por la justicia se debió emprender y liderar desde Canarias, con escasos recursos y gracias también a la solidaridad de un gran equipo jurídico.

Tiempo habrá de entrar y combatir un montaje judicial y/o policial que se remonta a hechos ocurridos diez años antes, de aventar el poco trigo y la mucha paja que han producido algunos campos, tiempo habrá. Hoy, desde Drago Canarias, consideramos que esta decisión del Tribunal Constitucional que viene a refrendar parcialmente, entre otras muchas cosas, lo que siempre hemos dicho: la sociedad canaria y las más de sesenta y cuatro mil personas que Alberto Rodríguez representaba en el Congreso de los Diputados de España nunca pretendieron ser más que nadie, pero que su representante tampoco iba a permitir el atropello de que fueran menos que otros en el ejercicio de sus derechos. Es solo el comienzo.

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