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Después de suspender su actividad pública durante cinco días y someter, por consiguiente, al país a una especie de limbo presidencial, acompañado de una gran ... dosis de estrés emocional, donde lo personal y familiar se mezcló con lo institucional y lo político, el presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, anunció que seguía en el cargo y que iniciaba un proceso de «regeneración». Todo ello sin mayores explicaciones y sin tomar la medida que sería coherente con sus propios actos al decidir continuar en el cargo: la presentación de una cuestión de confianza.
La propia declaración del presidente obliga a la activación de ese mecanismo constitucional, pues, de lo contrario, Sánchez está dando la razón a quienes sostienen que aquel paréntesis no fue otra cosa que una estrategia orientada a beneficiar a su partido ante un calendario electoral marcado por los comicios en Cataluña el próximo domingo y en junio las europeas.
Cuando no se ha producido ni un año de su investidura, si el presidente cree que ha llegado la hora de esa profunda «regeneración» democrática, de la que no habló ni en la campaña de julio de 2023 ni al recabar los votos de la mayoría en el Congreso para acceder al cargo, lo que corresponde es que dimita y convoque elecciones o que se someta de nuevo a una votación de los diputados. Lo primero no puede hacerlo hasta finales de mayo, de manera que la única salida era esa cuestión de confianza.
Es más: ya está tardando el presidente en comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar su hoja de ruta, pues lo visto entre el lunes y hoy confirma que ni su partido, ni Sumar, ni el resto de socios parlamentarios saben a ciencia cierta en qué consiste esa «regeneración», cómo quiere hacerla y, sobre todo, con qué apoyos.
En cuanto a su discurso sobre los bulos y los medios de comunicación, el presidente debe evitar la generalización. Si cree que su esposa o él mismo han sido víctimas de difamación, injurias o calumnias, solo tiene que activar los mecanismos legales para ejercer su derecho a la defensa.
Y si quiere, como ha planteado la Comisión Europea, batallar en serio contra la desinformación, también debe explicar en el Congreso de los Diputados cómo quiere hacerlo y, sobre todo, con qué garantías de que no se trata de una operación nuevamente en su favor y el de su partido.
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