Pulso entre fiscalías

Más allá de determinar a quién le asiste la razón, es innegable que estamos ante la prueba del algodón de una anomalía del sistema. Un desajuste que tiene su origen en la propia figura de la Fiscalía Europea y su encaje en nuestro ordenamiento. Para empezar, porque en España instruyen los jueces y no los fiscales, y para continuar, porque cuando lo hacen estos bajo el paraguas europeo, deben estar sometidos a la tutela de un magistrado de la propia Audiencia Nacional. Eso explica que cuando adoptan medidas que conllevan una merma de derechos, como puede ser un registro, tengan que comunicarlo previamente para conseguir ese plácet. De ahí ese sinsentido, al menos desde la lógica del común de los mortales, de haber comunicado con antelación qué día y a qué hora iban a entrar en la sede del Servicio Canario de la Salud para interceptar los correos de Conrado Domínguez y Ana María Pérez.

Si nos aferramos al sentido común, se puede entender que la Fiscalía Europea quiera unir las causas en las que haya fondos comunitarios en juego, pero no olvidemos que lo que se investiga es un delito (o más) en el procedimiento, y no si se cometió porque era más fácil distraer fondos comunitarios, estatales o autonómicos. Es más, las operaciones se cargaron en su mayoría a las arcas de la UE a posteriori, y hay dudas sobre el perjuicio efectivo a la Unión, como señala en negro sobre blanco la Intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias en el caso Mascarillas.

Llegados a este punto, no queda otra que preguntarse si quizás lo que hay que replantearse es la propia figura de la Fiscalía Europea. ¿O quizás lo que sobra son los fiscales delegados en Anticorrupción? Desde el minuto uno de la existencia del órgano fiscalizador europeo hubo tensiones con la Fiscalía española, un pulso que fue a más con la designación de quiénes salían de un organismo para ir al otro. Quiero pensar que lo de ahora no es un asunto de celos profesionales, pero parecerlo sí que lo parece.