¿Puede continuar?
La pregunta está ahí: ¿puede continuar en el cargo el fiscal general del Estado ahora que para sentarse en el banquillo de los acusados solo ... le queda que el Tribunal Supremo ponga fecha a la apertura del juicio? Más aún:¿cómo se gestionará la posición de la Fiscalía en esa vista, teniendo en cuenta que se trata de un ministerio público donde funciona el mandato jerárquico, de manera que el fiscal encargado defenderá en el juicio aquello que le digan desde la autoridad, que es la misma que se sienta en ese banquillo de los acusados?
El legislador no previó esta situación: así, no está escrito que un fiscal general que vaya a juicio tenga que dimitir. Otra cosa es la apariencia, como también hay que tener en cuenta el sentido común. Si nos atenemos a ambas consideraciones, no hay resquicio para la duda: Álvaro García Ortiz debería dejar el cargo. Se podía sostener que no lo hubiese hecho ya a la espera del último recurso, pero cuando el resultado del mismo está en escrito en negro sobre blanco, no hay margen para la discusión.
Pero no acaba ahí el asunto: ¿qué hacemos si llega una sentencia absolutoria? ¿Recupera el fiscal general su puesto? Para empezar, estamos hablando de un cargo en el que no cabe la vacante, de manera que si dimite o es relevado, hay que nombrar sustituto. No puede, por tanto, quedar el puesto de fiscal general 'in albis' a la espera del veredicto. A eso habrá que añadir otro considerando: si cambiara el Gobierno entre el juicio y esa hipotética sentencia absolutaria, difícilmente un Ejecutivo presidido por el PP iba a quitar a 'su' fiscal general para reponer a García Ortiz.
Y ya puestos a rizar el rizo, otra pregunta:si el fiscal deja el cargo por su enjuiciamiento y después es absuelto, ¿damos por bueno que él haya pagado un alto precio y los magistrados que lo sentaron en el banquillo 'se vayan de rositas'? Ahí está un caso tan llamativo pero que ha pasado casi de puntillas desde el punto de vista de la polémica como el del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que se pasó 645 días en prisión para que luego se reconociera su inocencia y los platos rotos judiciales los hemos pagado entre todos los españoles con una indemnización de un cuarto de millón de euros, porque la Justicia no se rascó el bolsillo. Pero sin ir tan lejos, acabamos de ver cómo se sobresee una querella de la Fiscalía por una presunta malversación en Agüimes con la propia Fiscalía concluyendo que no había ilícito penal. Si queremos ser exigentes con el fiscal general -y hay que serlo-, también habrá que preguntar a la Justicia cuando abre este melón suyo.
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