Planes de vivienda
Con la legislatura estatal ya avanzada y con las autonómicas también alcanzando el tramo medio, llegan los respectivos gobiernos y se desayunan un día con ... que hay una crisis habitacional. Como si fuese algo que ha ocurrido de repente, se dan cuenta de que vivimos en un país donde los jóvenes tienen serios problemas para independizarse porque el mercado del alquiler ha entrado en una dinámica alcista imparable y donde endeudarse con una hipoteca es más difícil por un factor perfectamente comprensible: ni las familias ni las entidades bancarias quieren cometer los errores que llevaron a la crisis de 2008 y endeudarse -los primeros- o prestar -los segundos- más allá de sus posibilidades y sin garantías de poder afrontar después los compromisos adquiridos.
El fin de semana fue Alberto Núñez Feijóo quien se encerró con sus barones territoriales con la vivienda como asunto estrella y el lunes fue Pedro Sánchez quien compareció para anunciar el enésimo plan estatal de vivienda. Pero la realidad nos enseña -a base de bofetadas, las cosas como son-, que no habrá programa de vivienda que funcione si no se articula desde un consenso que debe incluir al Gobierno central y la mayoría parlamentaria -clave para modificar la actual legislación;las autonomías, que son las que tienen la competencia directa; los ayuntamientos, que regulan los usos del suelo, y los empresarios. Y cuando digo los empresarios, a los que están directamente relacionados con el negocio inmobiliario, pero también a los del turismo, pues resulta evidente que en las grandes ciudades y en las zonas alojativas la irrupción del alquiler vacacional está influyendo en la actividad del alquiler tradicional.
Sánchez puede prometer, y de hecho lo está haciendo, el cielo, como también Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes regionales pueden hacer otro tanto. Pero ni el uno ni los otros van a conseguir resultados tangibles inmediatos. En este asunto, como en otros varios, debería haber altura de miras y sentido de Estado. Efectivamente la crisis habitacional es uno de los grandes problemas del país, razón de más para que la solución sea colectiva.
A fin de cuentas, tenemos una Constitución que consagra el derecho a una vivienda digna y tenemos dos partidos de ámbito estatal que se presentan cada día como defensores del texto constitucional. ¿A qué esperan entonces para ponerse manos a la obra? Pero no presentando planes condenados al fracaso, sino encerrándose en una misma sala y tirando la llave hasta que se pongan de acuerdo.
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