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Macrofiesta ilegalEn Ciudad Real, en los aledaños de ese aeropuerto que es un monumento a la imbecilidad política y el derroche en el gasto público, al ... menos 5.000 personas se han reunido durante varios días en una fiesta 'rave' convocada saltándose todos los procedimientos normativos. Es decir, ilegal de principio a fin.
Más de un centenar de policías y guardias civiles han estado vigilando el lugar, una vigilancia que se limitaba a asegurar que no había un desorden público, por más que la fiesta fuese precisamente eso, un canto a no hacer caso a las órdenes que se aplican al resto de los mortales.
Es como si con el fin del año 2024 los organizadores y los más de 5.000 asistentes hubiesen recibido una especie de bula administrativa que les permitía hacer de su capa un sayo. El argumento esgrimido para no intervenir y desalojar es que el riesgo de incidentes graves era mayor, de manera que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad se limitaba a ver, oír, como mucho tomar nota y, en la práctica, nada más.
No es la primera vez que sucede un hecho de estas características y no es la primera vez que la respuesta administrativa es la misma: ninguna. De hecho, hay fundadas sospechas de que los organizadores y buena parte de los asistentes son los mismos de años anteriores, con la diferencia de que van cambiando de ubicación. Es algo así como un tour de la ilegalidad: un año aquí, otro allá y el seguimiento en un emplazamiento diferente, y así, de paso, conocen España entera y van dejando el sello de su desafío a las normas por todo el país.
Los organizadores de eventos legales han puesto el grito en el cielo. Lo mismo que los empresarios de ocio y restauración. Si uno de ellos decide organizar una fiesta en un espacio abierto que no es de su propiedad, o incluso si lo fuera, las exigencias son mayúsculas. Lo mismo cabe decir en materia de tributación: ¿o alguien piensa que la organización declara el IVA de lo que se vende?
Añadamos a esto que si hay la certeza de que tras la organización cada año aquí y allá están las mismas personas, ya están tardando la Policía Nacional y la Guardia Civil en hacer la correspondiente investigación para dar con ellos y sentarlos ante un juez o quien proceda. La ley es igual para todos y las normas no pueden quedar en el limbo en función del éxito de convocatoria. Porque lo único que se está consiguiendo es animar a los 5.000 de este año a acudir a finales de año a la siguiente 'rave'. Después nos quejamos del turismo de botellón y 'balconing'...
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