Justicia y opinión
No me incluyo entre los feligreses de la parroquia de Óscar Puente. Como tampoco entiendo los méritos del exalcalde de Valladolid para alcanzar la condición ... de ministro, con el añadido de que le tocó en suerte una cartera con una gran capacidad inversora. Supongo que Pedro Sánchez vio en él a un valladar para su defensa o un ariete contra el Partido Popular, porque de otra forma no se explica.
Desde que llegó al Ministerio, casi cada frase suya ha metido en un lío al Gobierno, pues tiene el hombre un gatillo en lugar de dedos y cuando eso se alía con el uso de las redes sociales, el resultado siempre es explosivo. Y Puente es de los que lleva la dinamita en el ADN (por cierto, supongo que lo escrito acabará saliendo en el resumen que le pasan a diario con los artículos que son críticos con su excelencia, como parece que ya sucedió con otros publicados en este medio. Si así fuera, reciba mis saludos, señor ministro).
Dicho lo anterior, sí estoy de acuerdo en algo con Puente: nada debe impedir cuestionar el contenido de una resolución judicial. Otra cosa son las formas en la crítica, que es precisamente por donde se derrumba el argumento ministerial. Pero opinar sobre un fallo, un auto, un fundamento jurídico o un relato de hechos forma parte de la libertad de expresión. Y cuestionar una resolución judicial no debe ser interpretado como un ataque a la judicatura en peso y a su independencia.
De la misma forma que no es de recibo arremeter contra quienes cuestionan algunas decisiones judiciales y poner la alfombra roja a quienes, al mismo tiempo, dicen que este o aquel tribunal están al servicio de este o aquel Gobierno, este o aquel partido o este o aquel dirigente político. El listón debe ser el mismo para todos y creo que la barrera infranqueable es el respeto a la persona que emite una resolución judicial y a la carrera profesional en su conjunto.
En las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, al mismísimo presidente de Estados Unidos criticando una decisión del Tribunal Supremo, precisamente una instancia judicial cuyos integrantes son elegidos por el mandatario del país y confirmados por el Senado. ¿Supone esa crítica la quiebra de la división de poderes? Creo que no debiera ser visto así, entre otras cosas porque no se puede hurtar a un poder el derecho a expresarse con la misma libertad que al resto de los mortales. ¿O es que solo aceptamos que quienes encarnan determinados poderes puedan referirse a los restantes en términos elogiosos?
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