Indefendible
En las hemerotecas están registrados los que dijeron que no había caso
El juez Javier García García-Sotoca, que instruía el caso Mascarillas tras ser admitida a trámite la querella del fiscal Javier Ródenas, encargó a dos ... juristas de la Comunidad Autónoma de Canarias, dos mujeres con amplios conocimientos en materia de contratación, que analizaran el voluminoso expediente de ese procedimiento contractual entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la empresa RR7. El dictamen de ambas llegó cuando la Fiscalía Europea había aparecido asumiendo las competencias del caso, de manera que durante algo más de un año ha pesado sobre él el silencio obligado por el secreto de las actuaciones.
Por suerte para todos, pero por desgracia para unos cuantos, ese secreto se levantó y ya podemos saber lo que concluyeron las dos peritos. Se trata de un dictamen hiperdocumentado, con abundantes referencias a la legislación, hecho con sosiego, con preguntas y repreguntas a cada cuestión que les planteó al magistrado, pero con una conclusión similar en todos los puntos y que adquiere dimensiones lapidarias: aquel contrato no había por dónde cogerlo. Es más, ni lo había por el principio, ni cuando los interesados reclamaron la entrega del segundo pago de dos millones de euros, ni lo hubo cuando, una vez dado por muerto el contrato, fue 'resucitado' como si no hubiese pasado nada, se alteraron las condiciones, se cambió el objeto del mismo y se pretendió dar apariencia de que no había pasado nada. Y no solo es que sí había pasado algo grave (llegaron mascarillas falsas), sino que ante tanta benevolencia el resultado fue incluso peor para los intereses públicos: no hubo entrega posterior y cuando se fue a reclamar el dinero, la caja de la empresa estaba vacía.
Todo eso se lo callaron en Sanidad e intentaron que pasara desapercibido. Más aún: en las hemerotecas están registrados los que dijeron que no había caso. Lo triste es que en Sanidad habían sido advertidos internamente e hicieron oídos sordos; recibieron al menos un aviso por correo de que estaban ante una estafa y obviaron al mensaje; quedaron incluso para festejar el fin de año con una «cena de empresa» al alimón entre los beneficiados y el benefactor (presunto) Conrado Domínguez y, para más inri, se sostuvo que este y los otros no se conocían cuando los mensajes evidenciaron poco después que la realidad era bien distinta.
Ahora es la Fiscalía Europea quien está poniendo luz. El trabajo de documentación se lo curraron entre el fiscal y el juez, de manera que solo queda poner la guinda al pastel (más bien el pasteleo). ¿Se ha tardado demasiado? Pues sí.
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