El Gobierno y los menores
La investigación judicial en torno a la gestión de la asociación Quórum Social 77, que atiende a menores migrantes no acompañados, hace un tremendo daño ... a Canarias en el peor momento posible:cuando está a punto de materializarse la solidaridad obligada por ley en la atención a esos migrantes que llegaron en pateras y cayucos.
Por supuesto, hay que dejar clara la presunción de inocencia, como también que si los hechos investigados se revelan como ciertos, las víctimas que realmente nos deben importar son los menores. Esos que tienen derechos inalienables por el hecho de su edad, con independencia de si son migrantes o no y también de si lo son regulares o irregulares.
Hechas esas consideraciones, hablo del daño a Canarias porque el caso está sirviendo para alimentar la teoría de que en torno a la migración han florecido supuestas organizaciones no gubernamentales que llevan años haciéndose ricas con el dinero que se les paga por una atención que no es de calidad. Y el argumentario agrega otro elemento que actúa como el ácido:ese dinero se le sustrae a los españoles nacidos aquí.
Por si fuera poco lo anterior, está el asunto de la inseguridad. Ahí, la tesis se expone con toda su crudeza y, por desgracia, va calando:me refiero a esa que sostiene que la delincuencia crece exponencialmente con la migración y que todo va a peor porque las entidades que supuestamente los atienden, en realidad se enriquecen mientras que consienten que sus pupilos vivan al margen de la ley.
¿Cómo se puede combatir todo esto? La receta no es única. Se trata de una terapia transversal que va desde el Código Penal a la educación en las aula, pero en la que no puede faltar un medicamento administrativo: el necesario celo inspector de los gobiernos con responsabilidades en la materia. Aquí es necesario mirar para el Ejecutivo canario y preguntar si desde que se conoció que había una investigación en torno a Quórum y, sobre todo, desde que fue cerrado el primer centro, no pudo haber hecho algo más. Máxime cuando sus interlocutores eran precisamente las dos personas que fueron detenidas la pasada semana. Damos por bueno que el Gobierno haya estado acudiendo a la Fiscalía a informar de las quejas y denuncias recibidas, pero también pudo actuar de oficio. ¿Lo hizo enviando inspecciones a todos los centros? ¿A todas las asociaciones que atienden a menores migrantes no acompañados?
Y, sobre todo, ahora le toca ser muy exigente en la instrucción del caso. Que no se repita, por favor, el triste episodio de los servicios jurídicos en el caso Mascarillas...
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión