Dos apuntes para cerrar la semana
Del director ·
Sorprende la posición del Gobierno ante las últimas novedades en el caso Mediador
Entregar la palabra en el minuto uno. En Extremadura se consuma el pacto que, desde la misma noche electoral, estaba claro que iba a ... producirse. A la dirección nacional del Partido Popular le interesa cubrir el mapa autonómico de banderas azules por tres razones: 1) por lo que supone de poder en esas autonomías y en el contexto nacional; 2) porque consigue atalayas de poder cuando estamos a las puertas de las elecciones generales, con lo que eso conlleva de teórica ventaja para la campaña; y 3) porque arrincona a unos barones socialistas que seguramente no se implicarán demasiado -o casi nada- en la campaña de unos comicios generales concebidos por Moncloa y Ferraz como una operación de salvación de Pedro Sánchez.
Por todo ello, estaba claro que María Guardiola iba a comerse sus palabras. Lo inexplicable es que ella no lo tuviese claro. Claro que le cabía una opción: ser coherente con lo que dijo y dar un paso al costado, apartándose, renunciando al escaño y marchándose a su casa. Se habría evitado así el sonrojo de ayer y, sobre todo, pasar toda la legislatura con sambenito de una presidenta que no tiene palabra.
Caso Mediador. A la espera de ver cómo evoluciona el caso Mediador ante el recurso de la defensa de Marco Antonio Navarro Tacoronte ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sorprende la posición del Gobierno ante los últimos acontecimientos judiciales.
Vale que estamos ante un Gobierno en funciones pero cuando los hechos son graves, las explicaciones y las medidas deben ser urgentes. Lo digo porque no es cualquier cosa que un viceconsejero y una jefa de servicio sean llamados a declarar en calidad de investigados a partir de un informe de la Agencia Tributaria que revisó un expediente sancionador liquidado con el argumento de que los hechos habían prescrito, y todo ello con indicios de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos.
El argumento del Ejecutivo desde el estallido del caso es que no afectaba a la gestión de la Consejería. Pues parece que la jueza y la Agencia Tributaria creen otra cosa... Tampoco se explica, en especial porque el Gobierno sigue instalado en el mutismo, que la investigación interna que se nos anunció no haya detectado nada irregular en los expedientes, cuando ahora sabemos que había un informe de la Intervención que sí alertaba de que no se podía despachar el expediente con una prescripción, salvo que los cargos públicos asumieran las consecuencias de esa decisión. Muy extraño todo...
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