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Agentes de la Policía Judicial, actuando bajo mandato de la Fiscalía Europea, se pasaron este jueves el día en la sede del Servicio Canario de ... la Salud (SCS). Tenían de orden de rastrear y copiar los correos y cualquier otra comunicación de Conrado Domínguez y Ana María Pérez que afectase al caso Mascarillas, cuya instrucción continúa en ese órgano fiscal comunitario desde 2022.
Ha llovido desde entonces, pero todavía más desde 2020, que fue cuando empezó a gestarse el contrato entre el Servicio Canario de la Salud y RR7 United, una empresa de compraventa de coches, sin experiencia en el campo sanitario pero que se ve que alguien dijo que valía para conseguir un millón de mascarillas cuando el mercado internacional de suministro de ese tipo de productos estaba en situación de caos absoluto. Lo cuentas ahora así, tal cual fue, y da incluso risa, pero se borra 'ipso facto' cuando uno tiene en cuenta que salieron cuatro millones de euros de las arcas públicas y a día de hoy no se ha recuperado un solo céntimo.
No es baladí recordar el año del contrato: 2020. Como tampoco lo es rememorar que fue a mitad de 2022 cuando el compañero periodista Francisco J. Fajardo desveló lo que había pasado con ese contrato y que la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias. Lo digo porque si entonces el Gobierno de Canarias se hubiese tomado en serio el asunto, quizás los agentes de la Policía Judicial se podían haber ahorrado el trabajo hecho este jueves. Y no solo el Gobierno: ahora que estamos a las puertas de que empiece a caminar la comisión de investigación creada en el Parlamento, sus señorías deberían dedicar la primera reunión a repasar en pantalla grande aquella lamentable sesión de la Comisión de Sanidad en la que comparecieron al alimón el entonces director del SCS Conrado Domínguez y el que era consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Si entonces a más de uno aquel espectáculo le dio vergüenza ajena, ahora, con lo que vamos sabiendo, faltan adjetivos para calificar el papelón de ciertos diputados (de la bancada del poder y de la oposición, que de todo hubo en la viña de aquel señor...)
Al final, Conrado Domínguez dimitió por una cuestión casi menor: quedó en evidencia que no había contado la verdad al declarar que desconocía al dueño de RR7. Y preservando, por supuesto, la presunción de inocencia para él y el resto de investigados, no queda otra que lamentar el precioso tiempo perdido entre 2020 y 2022. Ahora, en 2024, armar ese puzle no será fácil... porque pueden faltar piezas. Igualito que el dinero.
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