Secciones
Servicios
Destacamos
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, compareció esta semana para mostrar su satisfacción por la decisión del ... Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que da por bueno el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la empresa constructora OHL para deshacer el lío en el que se vio inmersa la administración autonómica por una decisión tomada por el Gobierno en la pasada legislatura.
Fruto de una laboriosa negociación, el acuerdo le cuesta a las arcas autonómicas -o sea, a todos los canarios- 13,7 millones de euros, cifra que pudo haber sido mucho mayor si OHL se hubiese puesto a las bravas, con el añadido del coste derivado de la posible suspensión 'sine die' de las obras objeto del contencioso: el cierre del anillo insular de Tenerife.
Conviene recordar lo que pasó: en junio de 2019 el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide fue adjudicado a OHL con un presupuesto de 213,4 millones de euros, tras entender la Consejería que no había lugar a la reclamación presentada por una empresa competidora. Ese año hubo elecciones, se acabó el ciclo de poder de Coalición y Canaria y entró el Pacto de las Flores, que pretendía cambiar Canarias como quien coge un calcetín y lo pone del revés. De hecho, así sucedió en la Consejería en cuestión, donde tomaron las riendas Sebastián Franquis como titular de la misma y Conrado Domínguez como secretario general técnico.
La unión temporal de empresas, abanderada por FCC, argumentó que OHL incumplía las normativas laborales y sociales y que, por tanto, su oferta debió haber sido excluida. Ese recurso llegó al Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma, que se dirigió a la Consejería a preguntar por su parecer y es ahí donde se produce la gran sorpresa: ya con Franquis al mando y Conrado Domínguez controlando los papeles, Obras Públicas cambia de criterio, desautoriza a quienes formaban la mesa de contratación y le da la razón a FCC. Así, se anunció a bombo y platillo que la obra cambiaba de manos. Lo que pasó después ya lo podemos intuir. OHL recurrió en sede judicial y le dieron razón. Mientras, Conrado Domínguez, se ve que como premio a sus labores, acabó comandando el Servicio Canario de la Salud y ya sabemos cómo acabó aquello también.
Obras Públicas ha evitado un mal mayor gracias al acuerdo tejido por Pablo Rodríguez y validado por el TSJC. Lo que me pregunto en estos casos es por qué a los autores del desaguisado sus actos les salen gratis. Algunos montan el lío y entre todos pagamos 13,7 millones. Toca a unos 5 euros por canario.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.