Justicia fiscal para las Islas Verdes

La experiencia de La Palma, tras la devastadora erupción volcánica de septiembre de 2021, ha demostrado que una rebaja fiscal selectiva es una herramienta útil, eficaz y perfectamente asumible desde el punto de vista recaudatorio. La reducción del IRPF aplicada en la Isla Bonita no solo alivió a las familias en un momento crítico, sino que ayudó a sostener la actividad económica en un territorio especialmente golpeado. Lo importante es que ha funcionado, y lo ha hecho sin comprometer la estabilidad de las cuentas públicas. Ese aprendizaje debe servirnos ahora para avanzar hacia una solución más equilibrada y coherente para el conjunto de las islas verdes.

La Palma nos marca un camino que, además, ha sido incluido entre los asuntos a debatir en una próxima reforma del Régimen Económico y Fiscal. Por eso lo incluimos en nuestra moción, aprobada por el pleno del Senado, sobre la aprobación de un decreto-ley urgente para abordar los asuntos de la llamada Agenda Canaria. Y también por ello el Gobierno de Canarias ha incluido esta medida en su propuesta de decreto-ley, hecha pública hace pocos días y con cuyo contenido coincidimos. Es el resultado del trabajo conjunto de un pacto autonómico del que también forma parte ASG.

La Gomera y El Hierro soportan los mismos sobrecostes derivados de la doble insularidad; comparten dificultades de conectividad, limitaciones de escala y un tejido productivo más frágil que el de las islas capitalinas. Nada de eso es corregible mediante discursos bienintencionados. Requiere medidas compensatorias estables, alineadas con el principio de equidad territorial y con los compromisos asumidos por el Estado en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Porque el REF no puede ser solo un documento técnico: debemos aspirar a que sea percibido en los bolsillos de la gente, especialmente allí donde los desafíos colectivos son mayores.

El ejemplo de Ceuta y Melilla también es ilustrativo. Las dos ciudades autónomas cuentan desde hace décadas con una bonificación directa del IRPF por su condición singular en territorio africano, algo que entendemos por completo. Más allá de las razones incluso geopolíticas que sustentan esta bonificación fiscal, tenemos igual que claro que se trata de una medida estructural, de reconocimiento a su realidad permanente, y por ello se mantiene con independencia de los ciclos económicos o políticos. Y lo cierto es que hablamos de territorios con una población muy superior (más de 80.000 habitantes en ambos casos) a la de La Gomera y El Hierro, por lo que nadie puede sostener seriamente que una medida similar, aplicada a menos habitantes, vaya a romper la caja pública ni crear desigualdades insalvables.

Lo que proponemos desde la Agrupación Socialista Gomera es, por tanto, muy sensato: extender a las tres islas verdes una herramienta fiscal que ya ha demostrado ser eficaz, que corrige desequilibrios históricos y que permite a los ciudadanos disponer de un margen económico adicional para afrontar el sobrecoste de vivir donde viven. No pedimos privilegios. Pedimos coherencia, justicia y cumplimiento de lo pactado. Canarias merece un trato diferenciado porque es diferente en su geografía, en sus distancias y en sus dificultades objetivas. Y las islas verdes, aún más. Por eso ha llegado el momento de abordar esta medida sin complejos y con la misma responsabilidad con la que se gestionan otras singularidades reconocidas por el Estado. La política fiscal útil no es la que genera titulares, sino la que mejora la vida de la gente.

Y esta rebaja del IRPF lo hace. Por esa razón, que nos parece incontestable, debe formar parte del decreto-ley del Gobierno central sobre los asuntos más urgentes de Canarias. Así lo esperamos, y así lo vamos a pelear. Con la fuerza de los argumentos.