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Expresidentes

Del director ·

Lo lógico sería que formasen parte del Consejo Consultivo de Canarias

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 12 de septiembre 2022, 02:25

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Si peregrina me pareció la polémica que, cual Evita Perón ante los descamisados, pretendió crear la diputada Vidina Espino a cuenta del cambio de sillones del Parlamento de Canarias, lo mismo pienso de la supuesta polémica a cuenta del estatuto de los expresidentes canarios. Sobre todo porque lo único que se ha puesto en marcha es la actualización de la normativa que regula la Presidencia, algo que era de cajón tras la aprobación en 2018 de la nueva versión del Estatuto de Autonomía.

¿Ha aprobado el Gobierno una paguita -que es lo que se plantea- a los expresidentes? No. ¿Podrá aprobarse en su momento? Sí. Hasta ahí, lo acontecido. Ahora vayamos al fondo de la cuestión.

¿Está bien pagada la política en España? En términos generales, no. Es más, está bastante mal pagada. Y, además, con unos desequilibrios muy importantes. Con un ejemplo, basta: el gerente de una empresa municipal de un municipio entre mediano y grande de Canarias puede ganar fácilmente más que un consejero o que el mismo presidente. El argumento para explicar ese salario teóricamente alto es que se trata de la única manera de encontrar a profesionales sobradamente cualificados que puedan dejar la actividad privada para embarcarse en la pública.

Sin embargo, cuando eso mismo se plantea en lo público, todo son críticas cargadas de demagogia -o populismo, como prefieran-. Para los descreídos, hay otro ejemplo de manual: ¿cobra mucho un controlador aéreo? ¿Está demasiado bien pagado un piloto de aviación? A bote pronto, si se examinan las nóminas y se comparan con los salarios medios en este país, lo fácil es contestar afirmativamente, pero si estamos sentados en el avión como pasajeros esperando que la nave coja carrerilla en la pista de despegue, seguro que nos reconfortará pensar que el piloto y el controlador están bien pagados porque su trabajo lo merece. Pues lo mismo pasa con la política.

¿Queremos que los expresidentes acaben ofreciendo sus servicios a cambio de un sueldo al mejor postor? Me incluyo entre los que piensan que son libres de desarrollar la actividad privada que consideren, pero si no la hay, no está de más que tengan un retribución razonable y estén a disposición del gobernante de turno. Es más, lo lógico sería que todo expresidente formase parte, salvo que lo rechace expresamente, del Consejo Consultivo de Canarias, con lo que acabaríamos con el debate. En lugar de ello, ese órgano es parte de los pactos entre partidos. ¿Y esto no escandaliza a nadie?

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