Jaula y arcoiris

Estatuto: cumpleaños y cumplimiento

20/11/2019

Hace un año que entró en vigor el reformado Estatuto de Autonomía de Canarias. Un Estatuto que comenzó su recorrido al ser aprobado en el Parlamento de Canarias en marzo del año 2015, en el tramo final de aquella legislatura. Tres años y medio más tarde, en octubre de 2018, la Cámara canaria, con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios, dio el visto bueno a un informe aceptando las modificaciones sustanciales introducidas en su proceso de tramitación en las Cortes. Aprobado definitivamente, entró en vigor el 6 de noviembre del pasado año.

«El nuevo Estatuto introdujo un avance en competencias y en derechos cívicos que ahora se hace preciso desarrollar conscientemente en todos sus términos»

Este Estatuto tuvo más fortuna que el fracasado intento de 2007, en el que CC y PP tuvieron evidentes responsabilidades en su retirada. Da la impresión de que llegó tarde -muchas comunidades renovaron el suyo en 2006 y 2007 con el Ejecutivo central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero- y, asimismo, que debió realizarse un esfuerzo para que la sociedad canaria lo conociese y debatiese. Me temo que, pese a sus interesantes contenidos, solo una exigua minoría conoce el texto.

En una entrevista que me hizo la revista digital Tamaimos en febrero de 2018, ocho meses antes de su aprobación, señalaba las limitaciones de aquel momento político. Y aseguraba que para ir más allá «hace falta una masa crítica que hoy no existe. Ni siquiera esta reforma estatutaria obedece a una presión social sino al voluntarismo de algunas formaciones políticas».

En la misma entrevista, indicaba que el proceso autonómico iniciado hacía más de 35 años había sido, en mi opinión, globalmente positivo para Canarias, al poder dirigir desde aquí los servicios públicos y muchas de las políticas esenciales. Pero advertía, también, de que otra cosa bien distinta era que siempre, en esa larga etapa, se haya gobernado en función de los intereses generales, que en algunos momentos “no se haya priorizado suficientemente la educación o la sanidad, que muchos gobernantes desprecian el territorio y el medio ambiente, que sigue habiendo un sistema electoral injusto, desequilibrado y poco democrático”. Esto último, el sistema electoral, ha sido reformado, aunque de forma moderada e insuficiente, en este nuevo Estatuto.

Además, recordaba que, al igual que sucedió con el primer Estatuto, a principios de los años ochenta, que las derechas canarias obligaron a conducir por la senda del artículo 143 de la Constitución, es decir de la segunda división estatutaria, este tampoco pudo ser ratificado en referéndum por la ciudadanía del Archipiélago; argumentaban entonces que por el temor a una baja participación en la consulta que diera alas al independentismo y que fuera utilizado por este en el ámbito internacional para defender sus tesis descolonizadoras. Afortunadamente, en su texto el nuevo Estatuto recoge que una futura reforma general del mismo debe incluir un referéndum de ratificación por parte del cuerpo electoral de Canarias.

El nuevo Estatuto introdujo un avance en competencias y en derechos cívicos que ahora se hace preciso desarrollar conscientemente en todos sus términos para seguir consolidando el autogobierno y para utilizar todos los instrumentos vigentes para la mejora de la calidad de vida de la gente que habita en las Islas. De eso se trata. Superando intolerables atrasos, reduciendo los actuales niveles de desigualdad que dibujan auténticos abismos sociales, como reiteradamente denuncian Cáritas y otros colectivos muy cercanos a las situaciones de pobreza y exclusión social.

Aguas canarias

En su articulado hay novedades muy relevantes. Entre ellas, el reconocimiento de la condición de Canarias como región ultraperiférica, en consonancia con el ya existente a nivel europeo (artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE), obligando a los poderes públicos estatales a tenerlo en cuenta en la elaboración y desarrollo de las distintas políticas, que deben ser sensibles a nuestra especiales circunstancias de lejanía y fraccionamiento territorial. Desvinculando, igualmente, los recursos tributarios del REF de los correspondientes a la financiación autonómica, en la línea de lo conseguido por los nacionalistas canarios en el debate y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

«En su articulado hay novedades muy relevantes. Entre ellas, el reconocimiento de la condición de Canarias como región ultraperiférica»

Asimismo, se mejora la definición del ámbito territorial de la Comunidad Canaria y el reconocimiento, a mi juicio parcial e insuficiente, de las aguas canarias. Y La Graciosa, por estar habitada, pasó de ser considerada islote a ser isla.

En estos tiempos en los que algunos se plantean acabar con las autonomías y recortar derechos cívicos, desde el más soberano desprecio a la Constitución y a los derechos humanos, el Estatuto es un buen dique de contención. Entre sus principios rectores se encuentra «la erradicación de la sociedad canaria de actitudes sexistas, xenófobas, racistas, homófobas, bélicas o de cualquier otra naturaleza que atenten contra la igualdad y la dignidad de las personas». Oído cocina.

Contiene una amplia carta de derechos que van desde el acceso a la vivienda, regulando su acción social y poniendo especial atención sobre los colectivos más vulnerables, a los vinculados a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, incluyendo la renta de ciudadanía. Esta última puede y debe contribuir a cambiar el penoso panorama de una extendida pobreza que hoy alcanza, también, a personas que tienen empleo, pero muy bajos ingresos. El Gobierno canario se ha comprometido a implantarla progresivamente a lo largo de la legislatura. Debe ser, sin duda, una de sus prioridades.

Igualdad

Su articulado incluye referencias, asimismo, al derecho al trabajo, al medio ambiente, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación por la orientación sexual, a la sanidad universal y a la educación pública y gratuita, a la dependencia y los servicios sociales... Derechos que deben verse reflejados en las políticas que se impulsen y desarrollen desde los distintos ámbitos institucionales.

Otros principios rectores del Estatuto son la cohesión económica, social y territorial; la promoción e integración social y laboral de las personas con diversidad funcional; la integración de los colectivos desfavorecidos y personas migrantes; la preservación del territorio y el medio ambiente y el fomento de las energías renovables; la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas; o la política económica y fiscal destinada a la consecución del pleno empleo y la redistribución equitativa de la riqueza.

Tras un año en vigor, ahora solo hace falta que se desarrolle y cumpla. Lo que exige compromisos en el ámbito estatal que lo posibiliten en determinados contenidos. Y, asimismo, buena gobernanza en las islas para aprovechar en su máxima expresión las indudables virtudes que ofrece el reformado Estatuto para avanzar hacia una sociedad canaria más justa, equilibrada y sostenible.