Si preocupante es que en un Estado de derecho se espíen las conversaciones privadas sin autorización judicial, y si grave es que ese espionaje pueda afectar nada menos que al presidente del Gobierno y a sus ministros, no menos trascendental es el hecho de que el Ejecutivo sea incapaz de ofrecer una explicación convincente de lo ocurrido. Y más desolador es que se convierta en un elemento más para el cruce de reproches entre los partidos que se sientan en el Gobierno y entre sus aliados en las Cortes. A día de hoy, lo único que se puede sacar en claro es que Pedro Sánchez no controla a su Gobierno y tampoco puede asegurar el apoyo de quienes lo invistieron presidente. Es más, ni en el Partido Socialista hay unidad de criterio, con dos bandos claramente enfrentados: los que se ponen del lado de la ministra de Defensa y la directora del Centro Nacional de Inteligencia y los que se alinean con el ministro de Presidencia.
Para más inri, este episodio tiene dos derivadas no menos preocupantes: si Marruecos está detrás del espionaje con Pegasus, es obligado preguntarse si el giro de Sánchez en relación al Sáhara obedece a intereses de alta política internacional o es el fruto de un chantaje puro y duro articulado desde Rabat. Asimismo, este bochornoso asunto ha dado alas al independentismo catalán, que primero denunció un supuesto espionaje masivo a sus líderes; después exigió la destitución de la ministra Margarita Robles; más tarde se encontró con la realidad de que gran parte de las escuchas contaban con la preceptiva autorización judicial, y el viernes ese soberanismo ultramontano dio un paso más en su estrategia de rentabilizar la debilidad de Sánchez y le exigió una «reunión cara a cara» para analizar lo ocurrido.
Si es así como piensa Pedro Sánchez mantenerse en lo que resta de legislatura, debería tener claro que un Gobierno fracturado, con unos apoyos parlamentarios cada vez más escasos, no es la solución para un país atenazado por la inflación, con una tasa de crecimiento económico muy por debajo de la previsión y con un nivel de endeudamiento público que compromete el futuro de varias generaciones. Un adelanto electoral puede ser un mal mayor para el PSOE y sus aliados, pero cabe preguntarse si no es preferible a este panorama de desgobierno.
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