El poder electoral
Tuve este año la oportunidad de ser ponente en la comisión de la Cámara regional constituida para el estudio de la reforma electoral canaria. Pero confieso que albergo dudas crecientes de que se produzca finalmente en esta legislatura. Esto entronca con la modificación estatutaria, en trámite en Madrid, que tampoco creo que llegue a tiempo. Es más, en este último caso seguramente ya sería conveniente esperar primero a ver qué pasa con la Constitución que a cuenta del tema catalán parece que se quiere variar por los principales partidos. Dicho de otra manera, procedería antes la Carta Magna y luego el Estatuto de Autonomía de Canarias, no vaya a ser que después tengamos que hacer desde las islas otra revisión para ajustarla.
En todo caso, en cuanto a la reforma del sistema electoral podría hacerse con el Estatuto actual (desarrollar, de una vez, la Disposición Transitoria Primera) o lindándolo al que está en Madrid en fase legislativa. Es preferible que se haga en Canarias. Pero es igual. Ambas formas serían legítimas. Es más, con el vigente Estatuto de Autonomía de Canarias justamente se aumentó el porcentaje del tope electoral insular (del 25% previsto inicialmente al 30%) en el Congreso de los Diputados porque así lo quiso CC aprovechando la debilidad parlamentaria del PP de José María Aznar.
A medida que transcurren los meses, la ponencia no avanza. Y no es casual. Y a poco que se dilate, un año no es nada en política, no llegará a la cita con las urnas el cuarto domingo de mayo de 2019. Si el bipartidismo fuese de la mano en esta materia iría como un tiro la confección de la nueva arquitectura electoral, no digamos ya en el Congreso de los Diputados donde las dos formaciones se bastan. Pero en tiempos actuales donde se inicia el cortejo político de cara a pactos futuros el margen de maniobra se reduce considerablemente.
El problema no está en rebajar los umbrales electorales, esta es una cuestión relativamente secundaria. De ahí, que CC no tenga problema en incidir una y otra vez que por ellos no habrá pega a tal descenso. Pero eso sería una reforma cosmética que no arreglaría nada. Y es que el sistema electoral es, en realidad, la plasmación esencial del poder. Y CC regatearía en dejar pasar la ocasión presente, a lo sumo un par de retoques, para que opere en 2019 los parámetros cardinales del mismo andamiaje normativo. Es darle hilo a la cometa. Los pactos son legítimos y, a veces, imprescindibles. Pero es una pena que mientras tanto, mientras se consume la legislatura aún en curso, no se aproveche para ejecutar las reformas pendientes de regeneración democrática. Ya huele a precampaña.
