Opinión

El peligro del concurso de Negrín

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha puesto negro sobre blanco lo que Santiago Negrín no quería ver. Él no puede actuar ajeno a los controles y, por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Contratos tiene que pronunciarse antes de que se emprenda, en tiempo y forma, la vía judicial. Es de Perogrullo pero algunos, por intereses soterrados, no querían advertirlo. Interesaba sacar el concurso de informativos en agosto, a toda prisa, para que Negrín cumpla con la demanda y las prisas de terceros que pesan sobre Fernando Clavijo.

Lo interesante en términos jurídicos viene a partir de ahora: ¿Qué ocurre si el Tribunal Administrativo de Contratos otorga validez a la actuación de Negrín de ir por libre y luego en vía judicial se estima la petición de Videoreport Canarias SA? Si se adjudica el concurso de informativos con el beneplácito del Tribunal Administrativo de Contratos y finalmente el TSJC da la razón a Videoreport Canarias SA (empresa participada por la editora de CANARIAS7), nos va a costar muy caro a todos los canarios la forma de proceder de Negrín. Porque Videoreport Canarias SA tendría la legítima opción de solicitar un expediente por responsabilidad patrimonial de la Administración que derive en una indemnización a saldar por la ciudadanía con sus impuestos. En cierta medida, es como si la Televisión Canaria se fuese a convertir en una especie de caso Tebeto, cuyo arreglo y archivo costó Dios y ayuda. Y a ver quién va luego a pedirle cuentas a Negrín, por eso gran parte de la oposición (PP, NC y Podemos) querían y desean en sede parlamentaria ahorrar un problema sobrevenido.

Lo que ha provocado Negrín a son de aventurarse con el concurso de informativos de Televisión Canaria va para largo. Tanto en términos judiciales como políticos en cuanto que Clavijo no podrá exigirle más sacrificios a una parte de la izquierda (¿encima con el caso Grúas?) solo porque terceros estén pidiéndole rapidez y ligereza antes de que lleguen las elecciones autonómicas y locales de 2019 y las cosas cambien. Sería el colmo de los colmos, un esperpento cuyas dimensiones tendría un claro efecto sobre la incredulidad social.

No se puede hacer y deshacer sin más cuando estamos en un Estado de Derecho, que es lo que ha venido a recordar con otras palabras el TSJC. No hace falta conocer y tratar mucho a César García Otero, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, para percatarse de que es un administrativista purasangre, con el que puedes entablar conversaciones sobre inquietudes jurídicas desde el brío intelectual y que, en suma, no asume componendas.