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El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el decreto ley del Gobierno para el reparto de menores migrantes no acompañados que exceden la capacidad ... de acogida de Canarias y Ceuta. El resultado de la votación es una excelente noticia para Canarias y Ceuta, pero también para el conjunto del Estado. Porque ante un asunto de Estado, como es la gestión del fenómeno migratorio, la solución debe implicar a todas las partes.
El decreto es el resultado una larga negociación que se abrió formalmente al comienzo de la legislatura. De hecho, sus orígenes se remontan casi al inicio de la irrupción de la inmigración masiva desde África, cuando se detectó la disfunción entre la normativa y la capacidad de acogida autonómica. En su intervención en la tribuna del Congreso en defensa del decreto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó unas palabras pronunciadas hace casi veinte años por el entonces presidente de Canarias, Adán Martín (qepd): «Si la situación en Canarias ya es de por sí dramática, ¿cuánto más lo es para estos niños que se han jugado la vida cruzando el Atlántico?».
Lo vivido en el Congreso es un éxito colectivo pero es de justicia poner en valor la relevancia de algunos de los actores de este proceso. El abrazo del presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro Torres en el Congreso es probablemente la foto que resume ese intenso trabajo. Un nacionalista y un socialista, que fueron rivales en las elecciones de 2023, han sabido elevarse sobre sus propias siglas para primar lo que beneficiaba a Canarias y para, desde las islas, dar una lección de Estado.
En el caso de CC, su acuerdo de investidura con el PSOE recogía expresamente la necesidad de arbitrar soluciones al fenómeno migratorio y lo mismo había incluido previamente Coalición en el documento firmado con el Partido Popular cuando Alberto Núñez Feijóo intentó ser investido presidente. Tras el fracaso de la fórmula de una proposición de ley, Clavijo no tiró la toalla y volvió a poner sobre la mesa la vía del decreto ley, que finalmente ha sido la elegida por el Consejo de Ministros. Al presidente canario hay que reconocerle, además, el empeño en mantener en las islas un frente común en esta materia, lo que ha reforzado su legitimidad cuando elevaba el tono.
En cuanto al ministro Torres, se ha fajado para que otros departamentos del Gobierno central remasen en la misma dirección. Siendo presidente canario ya comprobó que el fenómeno migratorio no se entiende en todos los despachos ministeriales y por eso su trabajo es todavía más meritorio. Y este miércoles, en la tribuna del Congreso, pronunció un discurso cargado de razones al mismo tiempo que de sentimientos.
También es de justicia mencionar a un político que no estaba en el Congreso pero que, en el más complejo de los trances, ha demostrado coherencia. Nos referimos a Manuel Domínguez, presidente del PP canario, que en todo momento ha tenido claro que le tocaba defender lo mejor para las islas, incluso a sabiendas de que su partido a nivel nacional iba a votar en contra.
A la espera ahora de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los recursos autonómicos presentados, solo cabe esperar que ese reparto de los menores no se eternice. Ya no es tiempo de trabas ideológicas o burocráticas, sino de hacer efectivo un decreto con rango de ley. Ese que viene a refrendar que el Estado sí atiende a los territorios que lo precisan y salvaguarda los derechos fundamentales.
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