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La última reforma laboral, cuyos exitosos resultados no son discutibles, mantuvo intacta una de las medidas más controvertidas de la decretada por el PP: el abaratamiento del despido. El interés de los sindicatos en aumentar su coste ha recibido un espaldarazo del Consejo de Europa. A su juicio, la indemnización máxima para los improcedentes no es suficiente en todos los casos para reparar el daño sufrido ni para disuadir a las empresas de recurrir a esa vía.
La resolución que da la razón a UGT no es vinculante, aunque presiona a España como firmante de la Carta Social Europea, que habría vulnerado en ese punto. La rapidez con la que el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, ha abogado por mejorar esas compensaciones contrasta con el mutismo del ala socialista del Gobierno, que ha defendido la normativa vigente.
El coste del despido incide de lleno en la contratación, por lo que cualquier cambio ha de conciliar los derechos laborales y la creación de empleo. La relevancia de la cuestión obliga a abordarla con enorme cautela y el máximo espíritu de consenso a fin de no romper los delicados equilibrios en los que se basa el buen funcionamiento del mercado de trabajo.
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