De la corrupción a una nueva concesión a Cataluña
Después de una decepcionante intervención en el pleno del Congreso de los Diputados del pasado miércoles, el presidente Pedro Sánchez sigue con su particular huida ... hacia adelante con tal de seguir en el poder. Lo hará consumando esta vez una nueva concesión a los partidos del espectro del independentismo catalán. Así, este lunes el Gobierno central escenificará con la Generalitat la articulación de un modelo financiero propio para Cataluña, en un claro agravio al resto de comunidades autónomas y pasando por alto que ni el Estatuto de Cataluña ni la Constitución consagran que esa autonomía tenga derecho a ese trato preferente.
Sánchez y su Gobierno hacen oídos sordos al resto de comunidades autónomas, incluidas las de Asturias y Castilla-La Mancha, donde gobierna el Partido Socialista, y encomiendan su continuidad a las exigencias de ERC y al intento desesperado por recuperar el apoyo de Junts. Por más que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se empeñe en camuflar la componenda, estamos ante un trato de privilegio que contradice lo que ella misma dijo que sería impensable bajo un Gobierno socialista.
Ese gesto y otros que seguramente están por venir son el resultado de lo visto en el Congreso el miércoles. Allí Sánchez fue advertido por sus socios nacionalistas de que la confianza se agotaba y que para recuperarla era preciso ver pasos al frente. Pero no los que precisa el país, que necesita conocer hasta dónde ha penetrado la corrupción en el Gobierno y en el Partido Socialista, sino los que benefician a determinados territorios. Así, PNV, ERC, Junts y Bildu, sabedores de la debilidad política y judicial en que se encuentra Sánchez, ponen un precio cada vez más elevado y también cada vez más insolidario a sus condiciones para mantener al presidente en La Moncloa.
Mientras ERC y Cataluña se frotan las manos, los españoles seguimos esperando explicaciones del presidente sobre lo que sabía de los tejemanejes de Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, sus subordinados en varios ministerios y sus empresarios favorecidos; como también esperamos respuestas sobre por qué se mantiene en el cargo a un fiscal general investigado y, sobre todo, cómo puede gobernar el país un presidente con su esposa imputada, su hermano también investigado y la evidencia de que hubo un tiempo no tan lejano en que el matrimonio Sánchez Gómez vivió de las rentas de un negocio incompatible con el ideario socialista que ahora Sánchez quiere abanderar.
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