Condena histórica

A la espera de conocer la redacción de la sentencia, con los hechos probados, los fundamentos jurídicos y dos votos particulares discrepantes, lo que corresponde en democracia es respetar el fallo y acatarlo. Discrepar del mismo sin conocer la literatura de la sentencia no deja de ser un ejercicio de elucubración cargado de subjetividad e intencionalidad. Y cuando conozcamos la literalidad de la sentencia, efectivamente cabrá opinar sobre ella, pero sin interferir en la separación de poderes y, sobre todo, sin sembrar entre la ciudadanía la desconfianza en las instituciones. A fin de cuentas, quien se sentó en el banquillo de los acusados fue el fiscal general del Estado y sobre el giró el juicio; no corresponde, por tanto, poner la lupa en los jueces. Si alguien tiene dudas sobre la imparcialidad de los magistrados o atesora indicios de una prevaricación, ya está tardando en denunciarlo en sede judicial. Pero insinuarlo -o expresarlo abiertamente- como se está haciendo desde el Gobierno y los partidos que lo sustentan solo sirve para dinamitar la convivencia.

Antes del juicio y durante el mismo, el presidente Pedro Sánchez defendió la inocencia de García Ortiz. Esas declaraciones transitan entre la imprudencia y la presión descarada sobre el Supremo, pero tanto si fue lo primero como lo segundo, resultaron absolutamente impropias de alguien con su responsabilidad institucional. Como tampoco fue de recibo que en su día expresara que el fiscal general «depende» del Gobierno, como si fuera un 'mandado' a sus órdenes. Esas actitudes de Sánchez hacen que ahora, una vez conocido el fallo, recaiga sobre el presidente la condena política. García Ortiz cometió una revelación de datos reservados y Sánchez ha revelado un comportamiento impropio del cargo. El primero ha quedado inhabilitado para el cargo y el segundo se mantiene en el mismo sin apoyos parlamentarios.