Las cloacas de la peor política
A los pocos días de que la jueza que instruye el caso del hermano de Pedro Sánchez dictase el auto que lo sentará en el ... banquillo de los acusados -un hecho sin precedentes en democracia en España-, el Gobierno y el Partido Socialista se vieron envueltos en otro escándalo: las maniobras de la exdirectora de Relaciones Institucionales del ente estatal Correos, Leire Díaz, para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, precisamente el grupo de élite que investiga, entre otros asuntos de gran calado, el entramado de intereses en torno al exministro José Luis Ábalos, los negocios de la esposa del presidente Sánchez y también las sospechas sobre el fiscal general en una presunta revelación de secretos.
En lugar de poner luz y taquígrafos sobre la naturaleza del trabajo de Leire Díaz, el PSOE reaccionó en un primer momento quejándose de la acumulación de casos bajo la lupa judicial, como si le molestase que jueces y fiscales hicieran su trabajo. El miércoles, cuando ya desde dentro del partido algunas voces cualificadas exigían explicaciones, la dirección federal del Partido Socialista anunció la apertura de un expediente informativo sobre Leire Díaz.
Las informaciones que han ido aflorando obligan al PSOE y al Gobierno a contar, si es que puede, lo que de verdad hacía la ex alto cargo de Correos y, sobre todo, para quién trabajaba. Los audios que se han ido conociendo la colocan junto a investigados, tratando de convencerlos para que aporten datos que puedan cuestionar la honorabilidad del teniente coronel al frente de la UCO, todo ello con el fin de desacreditar el trabajo de dicha unidad. Leire Díaz llega incluso a plantear un trato de favor por parte de la Fiscalía, como si ella tuviese margen de maniobra sobre un ministerio público cuya independencia es clave en un Estado de Derecho. Si de verdad Leire Díaz tiene pruebas de una conducta irregular en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que debería hacer es acudir al juzgado de guardia o la Fiscalía para denunciar los hechos. Instalarse en una operación oscura, propia de las cloacas de la peor política, solo contribuye a aumentar las sospechas en torno al partido en el que milita y el Gobierno que le ha ido regalando cargos pese a no contar con experiencia para ellos.
En ese contexto, el silencio del presidente Sánchez, que es además secretario general del PSOE, se vuelve atronador. El jefe del Ejecutivo lleva semanas huyendo de la prensa e incluso de la ciudadanía; apenas rinde cuentas en las Cortes Generales y todo son evasivas, cuando no gestos de desaire para quienes le piden explicaciones.
Mantener así la legislatura, cuando se sigue gobernando a base de prorrogar de forma sistemática los Presupuestos Generales del Estado y cuando la mayoría parlamentaria de la investidura se ha difuminado, se convierte en una huida hacia adelante que mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y deteriora la imagen de España en el exterior. Sánchez parece creer que es aceptable seguir en La Moncloa cuando a su alrededor se afianzan las sospechas judiciales y cuando sus socios evitan confirmar aquel apoyo que lo hizo presidente.
Es evidente que el Partido Popular, que lidera la oposición, no cuenta con garantías de que una hipotética moción de censura fuese aprobada porque el concurso de Vox en la misma imposibilita -al menos a día de hoy- el apoyo de partidos nacionalistas. Pero esa limitación del PP no es excusa para prolongar un mandato gubernamental sin respaldos claros, con la Justicia sentando en el banquillo a la propia familia del presidente y con personas de confianza del aparato socialista conspirando contra quienes trabajan para el cumplimiento de la ley. Con una censura inviable, la única salida es poner fin a esta agonía de legislatura y dejar que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales hagan su trabajo con independencia.
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