Canarias, sin respuestas de Sánchez

Sánchez, como ya viene siendo habitual, se instaló en el mutismo que le caracteriza cuando los asuntos le incomodan, de manera que dejó en manos de Clavijo y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la tarea de informar del encuentro. De las palabras de ambos cabe concluir que no se ha avanzado nada desde que en el Congreso fuese rechazada la iniciativa conjunta del Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria para modificar la Ley de Extranjería. Aquella votación se produjo el 23 de julio y desde entonces para acá lo único claro es que el presidente del Gobierno ha dado orden a sus ministros de retomar los contactos con el Partido Popular, lo que significa, además, que Moncloa da por perdida la posibilidad de Junts, su teórico socio parlamentario, cambie de posición y vote a favor de la proposición de ley o de la convalidación de un hipotético decreto.

En cuanto al PP, sus exigencias son conocidas. Se resumen básicamente en declarar la emergencia migratoria; convocar la reunión de la Conferencia de Presidentes; concretar qué política tiene Sánchez respecto a las llegadas procedentes de terceros países: y garantizar la financiación de la atención a los menores. No se trata de planteamientos imposibles de asumir, de manera que hay que preguntar al Gobierno a qué espera para responder afirmativamente. Sobre todo para aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió tras romper Vox sus pactos regionales con el PP, una decisión fundamentada precisamente en el reparto de unos pocos centenares de menores migrantes entre las autonomías.

El único compromiso que dejó la reunión del viernes por parte de Sánchez fue la promesa de más dinero a Canarias para compensar el coste de atender a los menores que llegan en pateras y cayucos. Toda ayuda es de agradecer pero, si no va acompañada de un reparto obligado de los menores entre las autonomías, supone, como dijo este sábado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, «una patada hacia adelante». Detrás de ese anuncio de Sánchez se esconde, en la práctica, la pretensión de que el archipiélago asuma 'sine die' que le toca en solitario ser el muro de contención del fenómeno de la inmigración irregular.

La anunciada gira presidencial por varios países africanos solo tendrá efectos positivos si se garantiza que las ayudas que España y la Unión Europea brindan a esos estados para el control de sus fronteras se traducen en medidas concretas y políticas eficaces. Y hasta la fecha es evidente que el balance indica todo lo contrario. El presidente debería ir acompañado, además, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues la UE debe implicarse al máximo en esta cuestión. Los inmigrantes que llegan a las islas, como los que lo hacen a las islas y las costas italianas o las griegas, tocan suelo europeo. Es por ello que Bruselas y los estados miembros de la UE tampoco deben actuar como si la responsabilidad fuese exclusivamente de cada nación receptora. Menos aún de una comunidad autónoma.

Sánchez, en suma, ha dejado a Canarias sin respuestas. O le falta sensibilidad o es que el cúmulo de problemas políticos y judiciales que le rodean -desde la burla de la segunda fuga de Puigdemont a las amenazas de ERC de dejarlo sin apoyo en las Cortes y las pesquisas del juez Peinado sobre su esposa- minimizan su capacidad para dar solución a los problemas. Si es lo primero, malo; si es lo segundo, ya está tardando en asumir que un presidente sin apoyos suficientes y con una sombra de sospecha judicial en su entorno más cercano no puede seguir en el cargo.