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Editorial

Amnistía, una ley con incierto futuro y una sola certeza

Viernes, 31 de mayo 2024, 22:59

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El pleno del Congreso de los Diputados procedió el pasado jueves a levantar el veto acordado por la mayoría del Senado sobre la proposición de ley de amnistía, con lo que ahora solo falta la publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor. Desde ese momento, se podrán activar los mecanismos que recoge la normativa constitucional para su impugnación, ya sea desde las Cortes o desde las comunidades autónomas, a lo que se añaden las iniciativas en igual sentido desde el ámbito judicial y fiscal y también ante la jurisdicción europea.

La votación en el Congreso registró un resultado de 177 votos a favor y 172 en contra, pero una cosa es la pura matemática parlamentaria y otra la realidad política de esa votación: al menos 7 de esos votos (los de Junts) tuvieron como finalidad que la medida de gracia incluyese al líder de ese partido, el expresidente catalán Carles Puigdemont. Estamos, por tanto, ante un proceso en el que hay claramente un interés de parte, lo que deriva en un 'vicio' democrático. Todo ello sin olvidar que el texto que salió el jueves del Congreso fue modificado por exigencia de la propia Junts, que consideró que la redacción inicial era insuficiente, pues no garantizaba un blindaje absoluto de Puigdemont y de quienes, como él, incumplieron las leyes y llevaron a Cataluña a una situación límite sin precedentes.

No estamos, por tanto, ante una medida de gracia en favor de la convivencia en Cataluña, sino ante una exigencia interesada de un partido que hizo números tras las elecciones generales de julio del pasado año y comprobó que la debilidad del Partido Socialista le abría la puerta a conseguir la exculpación de su líder y quienes lo acompañaron en aquel desafío independentista. Pero todo ello sin olvidar que, en política, frente a las presiones de una parte, está la capacidad de la otra de resistirse o de buscar una alternativa. Así, el PSOE pudo haberse negado a aceptar la amnistía o, en todo caso, debió haberla intentado consensuar con el principal partido de la oposición, que fue además el que más votos y escaños obtuvo en las elecciones generales. Y la otra alternativa era clara: negarse en redondo a las pretensiones de Junts, mantenerse en el 'no' a la amnistía que defendió el PSOE durante la legislatura anterior y en la campaña electoral y, finalmente, haber renunciado a una nueva investidura de Pedro Sánchez para no abdicar así ante Junts. Nada de eso ocurrió porque, como ha quedado en evidencia, Sánchez antepuso su continuidad en La Moncloa, incumplió su palabra ante el electorado y se rindió ante Carles Puigdemont.

Si en la investidura Junts conocía a la perfección cuán necesitado estaba Sánchez de sus 7 votos en el Congreso, más ahora si cabe a la luz de la investigación judicial sobre la esposa del presidente. Es por ello que tanto el partido de Puigdemont como la propia ERC ya advirtieron el jueves que la aprobación de la amnistía no era el fin del camino, sino el inicio de una ruta que tiene como meta la autodeterminación, esto es, el referéndum por la independencia.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ya ha anunciado que su Gobierno hará como los del PP recurrirá la amnistía ante el Constitucional. Se abre, por tanto, un periodo de muchas incertidumbres en el ámbito judicial. Pero mientras resuelven los recursos, hay una certeza incontestable: Sánchez incumplió su palabra y ahora es todavía más rehén de Puigdemont; el PSOE se plegó al interés personal (y familiar) de su líder y España tiene ya de facto una ley que es un traje a la medida de un prófugo y de quienes, como él, desafiaron al propio Estado.

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