Cuentos Chinos

Dudas en la separación de poderes

16/01/2020

Ayer, el Consejo General del Poder Judicial respaldó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado con 12 votos a favor y 7 en contra, lo que supone un alivio para el Gobierno de Pedro Sánchez pero, a su vez, demuestra con hechos y no suposiciones, una fractura evidente en el máximo órgano de los jueces. Una decisión, la de colocar a la exministra socialista de Justicia, cuanto menos controvertida y que ha alimentado a aquellos que dudan de la independencia del poder judicial. Los jueces avalaron la propuesta de Sánchez en un momento de evidente división que no se repetía desde la elección de otro exministro –Javier Moscoso– en 1986 cuando fue designado con 13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco. Todo ello después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, llevara al pleno una «propuesta de mínimos» con la que intentó sin éxito «una unanimidad» que ni él mismo creía. Y más después de ver que siete de sus vocales afines, los propuestos por el PP, votaron en contra de la designación al considerar no era la más idónea después de su tormentosa estancia en el Ministerio de Justicia.

«Cada vez es más tangible la división existente entre el sector conservador y el progresista de jueces y fiscales»

Y es que cada vez es más tangible la fuerte división existente entre el sector conservador y el progresista, no solo dentro de propio CGPJ, sino de toda la carrera judicial y fiscal. Y ya no es que hayan diferentes ideologías, algo lógico y democrático, sino que cada vez se está extendiendo aquello tan futbolero del «soy de este, pero aún más anti del otro», es decir, que no vale con que el candidato en cuestión sea válido y capaz para desempeñar un cargo, sino que lo que importa es su ideología o, por ende, la asociación a la que pertenezca. «Si no es la nuestra, pues a dinamitar su designación y punto», parecen decir. Además, esto no solo pasa en el CGPJ o la Fiscalía General del Estado, sino se extrapola desde las más altas instancias hasta los órganos de menor relevancia.

En clave canaria, ese presunto quebrantamiento de la separación de poderes afecta también a nuestro Tribunal Superior de Justicia que, por culpa del cambio político, tendrá que seguir esperando para tener un nuevo presidente después de que Antonio Doreste finalizara su mandato. Ahora, el CGPJ dice que paraliza el nombramiento de cargos judiciales «en la confianza de una pronta renovación de la institución», una vez constituidas las Cámaras con el nuevo Gobierno. ¿Es una medida para «no perjudicar el servicio público de Justicia» como argumentan, o para que el nuevo Ejecutivo pueda colocar a personas afines en órganos judiciales de relevancia? El tiempo dirá...