El ministro que dimitió porque no compraba arroz

En cuanto a coincidencias o similitudes, podemos reseñar, por ejemplo, el gusto por la cultura (con esa fascinación de los japoneses respecto al flamenco y al toreo); por la gastronomía (¡viva la paella!); o por la circunstancia de que ambos países cuentan con una Constitución como marco de garantía de respeto y observación de las leyes, así como de convivencia pacífica. Con el añadido de que Japón y España, en su configuración política, prácticamente coinciden al definirse como monarquías parlamentarias (más allá de que allí la jefatura del estado recae en el Emperador, y aquí en Su Majestad el Rey).

La Constitución japonesa vela, entre otras cuestiones, por la igualdad ante la ley y por el derecho de su ciudadanía tanto para elegir y revocar a sus representantes, garantizando el sufragio universal y el voto secreto; como para que su libertad y felicidad sean protegidos. Principios fundamentales para la democracia nipona y que se reflejan, al fin y al cabo y con sus virtudes y defectos, en la forma en que el país se desempeña en su devenir diario, una de las potencias económicas mundiales tras su fulgurante y exitosa reconstrucción tras la II Guerra Mundial, bombas atómicas sufridas incluidas.

Recientemente, ha sido noticia en Japón la dimisión de su ya exministro de Agricultura, de nombre Taku Eto, por manifestar que (sic) «personalmente, nunca he comprado arroz». Ello y dada la cartera ministerial que ostentaba, en un país en que el cultivo del arroz, sin llegar a ser uno de los elementos fundamentales de su economía (en torno a un 1,1% de su PIB), sí que representa no sólo el principal ingrediente de la dieta nipona (hasta un 40% de la misma).

Sino que además el arroz en Japón constituye un pilar fundamental para numerosísimas comunidades rurales, en las que los agricultores de avanzada edad constituyen una parte importante de la fuerza laboral, y en las que la producción de dicho cereal sigue siendo vital para la subsistencia de miles y miles de hogares rurales.

Llegados a este punto, y puesto que supongo se estarán preguntando lo de qué necesidad de dimitir ese hombre, cuando la constitución japonesa sí que no obliga a comprar este o aquel producto o alimento, debo aclararles que la mencionada frase de Taku Eto sobre que «no compraba arroz», continuaba con la siguiente coletilla (y aquí el verdadero detonante para verse obligado a hacerse el harakiri político en forma de dimisión): «…porque mis seguidores me donan tanto (arroz) que podría venderlo».

¿El motivo de fondo para dicha dimisión? El precio tan disparatado al que se ha puesto el arroz en Japón, ¡a casi 7 euros el kilo, el doble de precio ya que hace escasamente un año!, en una sociedad como indicaba anteriormente en que el 40% de su alimentación diaria se basa en el arroz, y a la que también le afecta sobremanera la inflación y la carestía de la vida. Al exministro el arroz le salía gratis, pero le ha costado el puesto. Y cómo no acordarse aquí de la escalada del precio del aceite de oliva.

La dimisión política en Japón se conoce comúnmente como 'jishoku', un acto que en ese país presenta un fuerte componente de asunción de responsabilidad y por el fuerte valor cultural que se le da a la rendición de cuentas, incluso por cuestiones que en otros países o culturas se consideran menores.

Mientras Taku Eto ha rendido cuentas ministeriales por el arroz, en España algunos ministros y ministras aún tienen el caldo al fuego y siguen sin aclarar las causas del gran apagón energético o del gran caos ferroviario. A la vez que otros y otras de ellos siguen practicando ese singular deporte definido en ondas radiofónicas como 'opinión sincronizada', ahora con un enésimo ejercicio de genuina representación artística en torno a la temática de la crítica pública y partidocoleguista –una vez más- a la Justicia.

Por referir simplemente dos diarios 'de tirada nacional' con –habitualmente- distintas líneas editoriales: 'El Español', «El Gobierno, en tromba contra la juez que abre juicio al hermano de Sánchez»; 'El País', «El Gobierno cuestiona la celeridad con la que la jueza ha sentado en el banquillo a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo».

Con monclovitas dardos ministeriales catapultados para la ocasión desde el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños («las prisas no son buenas consejeras», le ha venido a recordar a la señora jueza). De la ministra de Vivienda y anterior exportavoz del gobierno, Isabel Rodríguez («si David no se llamara Sánchez, aquí no habría caso»). Y, como no, de la vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero («la causa se ha fundamentado en un bulo»).

Manifestaciones que, por cierto, confrontan en el tiempo con el anuncio informativo de que jueces y fiscales integrados en cinco de las siete asociaciones de la magistratura en nuestro país llaman a un próximo paro general en el mes de junio en protesta por la denominada 'ley Bolaños' que, entre otros aspectos, introduce llamativos cambios en el acceso a la carrera judicial y fiscal, y en el estatuto del ministerio fiscal. Asociaciones que incluso anuncian que acudirán a Europa para denunciar dichas reformas. Y que, por no descartar, no descartan incluso una posterior huelga general de la judicatura.

Sin olvidar que también los médicos de toda España han aplazado por ahora, -de último minuto, pero con visos de que la materialicen también en junio-, otra posible huelga general en todo el país por motivo de su rechazo al nuevo estatuto marco de los profesionales sanitarios elaborado por la ministra de Sanidad, Mónica García. Una propuesta de estatuto marco definida por los médicos como «un retroceso» y que lleva el sello de esa su ministra que les espetó lo de que «los médicos no están mal pagados, cobran de media lo mismo que un ministro».

Singulares actuaciones y reacciones gubernamentales que, con perplejidad y bajo la inicial matriz de «la amnistía es inconstitucional», ya lamentablemente reconocemos como habituales de nuestro paisaje en estos extraños tiempos que vivimos desde el momento en que el presente y futuro de España quedó a merced de quienes quieren seguir apostando por desmembrarla.

Por supuesto en absoluto es o debiera ser motivo de dimisión o cese el plantear y trabajar de forma continua en propuestas y materias legislativas de posibles mejoras que deben proyectarse conjuntamente con sectores y profesionales involucrados, y sobre las que hasta las discrepancias técnicas durante todo el proceso legislativo pueden contribuir al enriquecimiento del mismo y del producto normativo o legislativo que resulte finalmente.

Pero sí por el hecho de atacar continuamente nuestros valores y principios constitucionales, menospreciando entre otros la preceptiva separación de poderes, por el simple interés de mantenerse en el poder a cualquier precio. Aderezado con una altanería y soberbia impropia e inmerecida para un país, el nuestro, que tanto nos costó reedificar tras la dictadura, y que es claro requerirá de unos próximos años de ardua reconstrucción institucional, social y económica a todos los niveles y en todos los estratos.

Se trata de comprar arroz. Se trata, en definitiva, de asumir que entre todos debemos resolver lo antes posible este actual nefasto sudoku. Y lograr que por fin prevalezca el más que digno y japonés 'jishoku'.