«Hackeando las instituciones», dice

Una decisión que, en el caso de Canarias, parece va a suponer el cierre de su base en el aeropuerto de Tenerife Norte, así como una considerable reducción de plazas aéreas esta próxima temporada de invierno respecto a las que actualmente ofrece en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Con potencial afección, por consiguiente, tanto a la llegada de visitantes como a la conectividad con la península para los canarios y canarias que optan por la singular aerolínea de bandera irlandesa en sus desplazamientos a Madrid, Santiago de Compostela o Valencia, entre otras ciudades del país.

La decisión se basa –según argumentan los responsables de dicha compañía- en el anuncio de Aena (el gestor aeroportuario de nuestro país) de incrementar sus tasas a los operadores aéreos un 6,5% a partir del inminente 2026. Considerando la línea aérea que ese sobrecoste que tendrá que asumir por la decisión de Aena, le obligará a su vez a tener que repercutirlo en el precio del billete de sus pasajeros.

Tal circunstancia, generadora en días recientes de ríos de tinta y de declaraciones enfrentadas entre la empresa y el gobierno central (del que depende Aena), ha logrado desviar el foco de la cuestión que realmente debiera ser analizada.

No el por qué Ryanair toma ahora esa decisión como reacción al anuncio de Aena. Sino por qué Aena decide ahora subir sus tarifas, con un beneficio neto récord de más de 1.900 millones de euros el pasado 2024.

Cierto es que ambas entidades, Ryanair y Aena, son empresas –en su acepción más amplia- y de forma general se les presupone una absoluta independencia respecto a su toma de decisiones en cuanto a la consecución de los objetivos empresariales que se proponen alcanzar.

Ahora bien, mientras que Ryanair es una empresa privada que ciertamente obtiene parte de sus ingresos a través de periódicas subvenciones públicas que promueven determinadas administraciones con el propósito de que esta u otras aerolíneas activen rutas de interés desde y hacia determinados aeropuertos y territorios a fin de impulsar sus economías locales, en el caso de Aena hablamos de una empresa pública estatal, participada mayoritariamente (en un 51%) por el Gobierno de España.

Por tanto, las decisiones empresariales de Aena son, en definitiva, decisiones gubernamentales que por supuesto deben tener muy en cuenta el interés general. Valorando pros y contras, no sólo en términos de sostenibilidad económica y financiera de sus cuentas, sino también especialmente en términos de sostenibilidad social.

Lo anterior respecto a la sociedad española y en cuanto a los territorios más dependientes de la conectividad aérea para su pervivencia y desarrollo, priorizando los archipiélagos pero sin olvidar tampoco ciudades españolas «no capitalinas» alejadas de los núcleos económicos más importantes (de forma solidaria, piénsese, por ejemplo, en la pequeña Jerez de la Frontera, donde ya se estiman pérdidas en su economía de hasta 80 millones de euros anuales por la marcha de dicha aerolínea).

No entendiéndose, por tanto, especialmente el tono de determinados representantes ministeriales (de Turismo o de Transportes) del gobierno central respecto a la decisión de los irlandeses. En una nueva y clara muestra de su limitada visión «geoestratégica»: esto no sólo va del negocio del traslado de pasajeros dentro de un avión.

Sino lo que a posteriori van a generar todos esos viajeros en los destinos a los que arriban, en términos de actividad económica y, consecuentemente, en generación de empleo y de recursos monetarios para las arcas públicas a través de la correspondiente recaudación fiscal.

Cierto es que en Ryanair se identifican movimientos empresariales bañados en ocasiones en la aureola de la polémica más publicitaria, como cuando su presidente Michael O'Leary anunció que sus pasajeros volarían de pie y no sentados, siempre que las autoridades aeronáuticas lo declararan seguro, «eso sí, pagando entonces una libra y no veinticinco por su billete».

O que suele generar «peculiares circunstancias» relativas a sus tarifas por complementos y servicios no habituales en la mayoría del resto de líneas aéreas, pero propias de su soberanía e independencia empresarial, las cuales cada uno de nosotros podemos aceptar o no.

Pero siendo cierto también que, dentro de España, han llegado a vender billetes solo ida y sin equipaje hasta por tan sólo 5 euros, descuento de residente aplicado. O sea, al alcance de cualquier bolsillo.

Claro que para «peculiares circunstancias», las que siguen dejando ojipláticos a la ya inmensísima mayoría de españolas y españoles, con independencia de su credo sociopolítico.

Especialmente si las actuaciones –y más aún, los pronunciamientos- proceden de los primeros y primeras espadas vicepresidenciales y ministeriales del gobierno de Sánchez, además de las suyas propias, claro está.

Capaz el propio Sánchez de haber vuelto a poner en la picota pública a miembros de la judicatura, en esa su alocada carrera que sigue erosionando a pasos agigantados los valores constitucionales y democráticos que con tanto esfuerzo y tras tanto sufrimiento erigieron nuestros padres y abuelos tras la oscura etapa de la dictadura franquista.

Con esa su reciente acusación en la televisión que pagamos todos, relativa a que «hay jueces haciendo política que no cumplen con la ley». En su absoluto enésimo menosprecio a la debida separación de poderes y al máximo respeto a la independencia judicial.

Manifestado curiosamente por el «político» que, sensu contrario, se atrevió a hacer «de juez», allanando torticeramente el camino para proporcionar el indulto y la amnistía a los separatistas golpistas catalanes, con tal de obtener su respaldo parlamentario a fin de lograr auparse a la presidencia de España.

Teniendo encima ahora que, cual bonus track, escuchar también a la sui generis vicepresidenta Yolanda Díaz señalando a algunos jueces y magistrados por «incurrir en conductas irregulares y por manifestar injerencia en la política». Uniéndose así al coro de Bolaños, López (Patxi) o Alegría en su también inadmisible señalamiento público a magistrados y magistradas.

Una Yolanda Díaz que no olvidemos fue la primera representante ministerial del gobierno de Sánchez que viajó a Bélgica para «dorar la píldora» a Puigdemont, desvinculándose interesadamente entonces la parte socialista del ejecutivo central de dicho viaje, alegando que Díaz acudía en representación de Sumar y no del Gobierno.

Y una Díaz que en la semana que acaba ha calificado de «vital para la democracia» la reunión de Salvador Illa Ni-Amnistía-Ni-Nada-De-Eso con el prófugo en cuestión.

Eso sí, a años luz de lo anterior, lo mejor y más reciente del club de la comedia, cosecha de la propia Díaz: «el Partido Popular hackea las instituciones y actúa como un partido anti-sistema».

Declaración de laboratorio elevada a los altares del populismo más desternillante por la misma autora de una reflexión sin paragón: «La ley del Sólo Sí es Sí es muy positiva para nuestro país con un objetivo fundamental que es ensanchar los derechos sexuales de las mujeres en España». Positiva, sí. Pero para delincuentes sexuales. Ahí están también los últimos datos estadísticos de este tipo de delitos.

Claro que, para ensanche, la última novedad comercial de Ryanair, que ampliará el tamaño del equipaje de mano gratis para sus clientes, pasando de una medida de 40x20x25 a una de 40x30x20 (cinco centímetros más en dimensión, cuatro litros más en capacidad, más o menos lo que te puede caber en dos cajas estándar de zapatos de hombre).

Lo bueno sigue siendo que en España -al menos por ahora, pero ojo avizor, no sea acabemos en todos los sentidos como en las desgraciadas Cuba o Venezuela- los consumidores y viajeros, al igual que los votantes, siguen, seguimos, teniendo la opción de elegir.