Chocolatinas canarias, bon día, ¿en què el puc ajudar?
Una 'normalización' lingüística que es lo que ha originado, por ejemplo, el despropósito de tener que usar auriculares de traducción simultánea (los conocidos como pinganillos) en el Congreso de los Diputados como uno de los pagos de Pedro Sánchez al prófugo señor Puigdemont
Vaya por delante mi máxima consideración y respeto hacia las lenguas cooficiales de nuestro país, en total identificación por mi parte con el artículo 3 ... de nuestra Constitución, que especialmente en su apartado 3 señala que «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
Unas lenguas cooficiales (el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano) afortunadamente muy vivas en las comunidades autónomas y regiones de donde son originarias y en las que se emplean diariamente por parte de miles y miles de personas originarios y/o residentes en esas zonas de nuestro país. Respecto a las que uno hasta siente envidia sana por no haber podido conservar al menos algo de la lengua de nuestros primeros antepasados isleños.
Unas lenguas propias que conviven con carácter de elemento fundamental de comunicación oral y escrita de esos espacios territoriales, geográficos y sociales, conjuntamente con la que dijéramos lengua 'madre' que representa el castellano, también se identificado y definido en ese mismo artículo 3, en su apartado 1, como «la lengua oficial del Estado, respecto de la cual todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Sin embargo, somos todos conocedores y conscientes de las incomprensibles circunstancias acontecidas en los últimos años en lo que a Cataluña en general, y al idioma catalán en particular, se refiere, en este segundo caso en cuanto a su interesada utilización partidista por parte de las fuerzas independentistas y separatistas catalanas, y sus singulares líderes golpistas.
Causantes -entre otros daños morales, sociales, económicos, institucionales y constitucionales- del culmen de aquella infamia del 1 de octubre de 2017, con aquel simulacro de referéndum de independencia que, para lo único que sirvió, fue para causar una gravísima fractura social entre los independentistas y la inmensidad representada por una vastísima 'mayoría social' de españoles que, aún hoy, ocho años después, sin duda sigue sufriendo de toda una hemorragia anímica por lo acontecido.
Un referéndum unilateral y una simulación de declaración unilateral de independencia que duró aquellos pocos segundos en que una muchedumbre enfervorecida pasó de la algarabía a la decepción por culpa de unos auténticos trileros políticos que en verdad antepusieron intereses personalistas camuflados principalmente bajo la bandera del 'España nos roba'.
Y que en absoluto fueron honestos con esa parte de la sociedad catalana que lícitamente claro que puede aspirar a alcanzar mayores cuotas de autogobierno –como cualquier otra de nuestras regiones- a través de su estatuto de autonomía. Pero siempre en el marco de la configuración y la lealtad constitucional que entre todos hemos erigido (especialmente nuestros abuelos y padres, sufridores en primera persona de una guerra civil muy cruenta entre hermanos de un mismo país), y de la que todos nos hemos dotado.
Por consiguiente, sin tener por ello no sólo que señalar de forma aislacionista a quien no acepta pasar por el aro de todas sus exigencias independentistas. Sino tampoco de tener que de-construir de forma injustificada y con claro riesgo para la convivencia democrática de su sociedad catalana, de nuestra sociedad española. Porque hoy es la lengua, el idioma. Pero mañana puede ser la forma de vestir o la hora o no de pasear por la calle. Y ese tipo de regímenes, nacidos al albur de cualquier tendencia extremista sociopolítica, ya nos ha enseñado la historia qué acaba generando a la sociedad que los sufre.
Ese particular 'ejercicio de inmersión' lingüística catalana exigido por los separatistas radicales, ya sea a esos más de 1.250 comercios denunciados el pasado año por los 'comandos lingüísticos independentistas' a través del brazo articulado que representa la 'ONG' Plataforma per la Llengua; ya sea a esos profesores y profesoras (e incluso a niños y niñas) castellano-hablantes de Cataluña, sometidos a un férreo control sobre el uso del catalán en el marco de su estricta obligación de tener que cumplir con la inmersión lingüística, representa entre otros 'particulares' lo que Pedro Sánchez, Salvador Illa y la inmensa mayoría de ministros y ministras definen como la 'normalización'.
Una 'normalización' lingüística que es lo que ha originado, por ejemplo, el despropósito de tener que usar auriculares de traducción simultánea (los conocidos como pinganillos) en el Congreso de los Diputados como uno de los pagos de Pedro Sánchez al prófugo señor Puigdemont a fin de poder contar con los siete votos independentistas para obtener la presidencia de España. Cuestión esta de los pinganillos no establecida en el Senado, gracias al voto en contra de la mayoría que en dicha cámara ostenta el Partido Popular.
Un nuevo e infame pago de Sánchez a Puigdemont que, ante la negativa continuada del resto de miembros de la Unión Europea respecto a reconocer al catalán como lengua oficial comunitaria, vira ahora mientras tanto puertas adentro y acuerda con los independentistas el que el catalán sea obligatorio para todas las empresas españoles de más de 250 empleados, ya sea las mismas se ubiquen en Santa María del Páramo, provincia de León; en la muy jienense Andújar; en la zona industrial de Arinaga; o en la avenida de Escaleritas, donde sin duda se ubica la fábrica de las chocolatinas más afamadas y deliciosas del mundo mundial.
Una de esa de nuestras señeras empresas de corazón y sentimiento canario -como también la del ron aruquense, la de los snacks y aperitivos 'del paquete rojo' o la de los ATR que surcan nuestros cielos, entre tantas otras-, que conforme al fracaso de Moncloa en la UE respecto al catalán (definido por nuestro también singular ministro de asuntos exteriores, José Manuel Albares, como «objetivo irrenunciable del gobierno de Pedro Sánchez»), generará el esperpento sanchista relativo a que la persona responsable del servicio de atención al cliente de nuestros chocolatineros por excelencia en Escaleritas tenga que responder a la llamada de 'Carles' con un 'Chocolatinas canarias, bon día, en què el puc ajudar'?
Ello, según Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, en el blindaje que del catalán quieren obtener ahora en el proyecto de ley de atención al cliente. Y porque «los ciudadanos catalanes deben tener los mismos derechos que un inglés o un francés».
Cógelo, Cuco. Atrápalo, Francisco. Atràpal-ho, Francisco.
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