La amenaza fantasma

Reconozco que, al escuchar en directo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestarse con esas palabras ante los micrófonos de La Sexta Noticias, tuve que 'darle p'atrás al mando' para verlo y escucharlo de nuevo. Y sí. Eso fue lo que dijo. En pocas y aproximadas palabras, en caso de incumplimiento de la ley, intervención policial. Contra las posibles comunidades autónomas incumplidoras y -se entiende- sus responsables.

Expresaba así el señor Torres su «confianza» en que ninguna comunidad autónoma se opusiera a la distribución de los aproximadamente cinco mil menores migrantes no acompañados acogidos en nuestras saturadas islas, una vez el gobierno de Sánchez dio luz verde durante el último consejo de ministros al Real Decreto que aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.

De una España parece que de 15 -y no 17- comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, al contrario de lo que siempre hemos aprendido en geografía 'y política territorial'. Ello debido a un gubernamental decreto que -oh, sorpresa- deja fuera o asigna un rol anecdótico tanto al País Vasco como a Cataluña en ese proyecto de redistribución de menores (ojo, no de mercancías) para su acogida solidaria en otras regiones de nuestro país. Beneplácito bajo el criterio de «gracias a su implicación y esfuerzo previo de acogida». Faltó añadir 'y gracias a la exigencia intra-parlamentaria de nacionalistas vascos e independentistas catalanes para que Sánchez siga en Moncloa'.

Pateras, cayucos y lanchas neumáticas llegando a La Restinga, a Arguineguin, a Arrecife, a Mojácar, a Formentera, … pero no a Hondarribia o a Lloret de Mar. No siendo óbice por ello que -ante mi rotunda negativa a participar en el juego del muro-encontronazo entre españoles erigido por Sánchez- merezcan ser analizados de igual forma los flujos por carreteras peninsulares y sin control alguno por el Estado del fenómeno de la inmigración irregular, también en dirección al País Vasco o a Cataluña.

Flujos similares (aunque en absoluto comparables en su factor humano) a esos otros también incontrolados que desde hace años abrieron las puertas de nuestro país a la delincuencia internacional, especialmente asentada en todo el litoral mediterráneo. Por carretera, pero también por mar y aire, como incluso comprobamos en Canarias, con prófugos detectados y detenidos en las islas por Policía Nacional y Guardia Civil, en su ingente lucha continúa contra todo tipo de delitos y delincuentes.

O 'flujos' inaceptables -respecto al consagrado derecho de la propiedad privada- en lo que al fenómeno de la okupación se refiere, y ante el cual en lugar de escuchar a los representantes ministeriales de Sánchez lo de que «lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», lo que nos encontramos es un nefasto e inadmisible escenario de 'banda ancha' para quienes también delinquen asaltando y haciendo suya la vivienda del prójimo. Razón de peso para que miles y miles de propietarios en toda España hayan, por ejemplo, retirado del mercado del alquiler sus viviendas, ante el incremento en ese mismo sentido del fenómeno colateral de la inquiokupación.

Escenarios en los que sí deberían poder 'intervenir' las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aún con mayores garantías de seguridad en primer lugar para consigo mismos (en el caso de toda delincuencia), siempre claro está que se les dote debidamente de todo tipo de recursos humanos, materiales y económicos. Cuestión esta última reclamada por sus valiosos profesionales y por sus representantes sindicales, día sí, día también. Similar a lo que también reclaman, por ejemplo, los extenuados integrantes de Salvamento Marítimo, los ángeles de la guarda en el océano que nos rodea.

Fue justo hace un año cuando, el 3 de agosto de 2024, Carles Puigdemont, omnipresente prófugo de la justicia de nuestro país, anunciaba en la red X (antes Twitter) que volvería a Cataluña (por consiguiente, a España) en cuestión de días con el objetivo de tratar de torpedear e incluso lograr que se suspendiera la sesión del pleno de investidura de Salvador Illa, una vez éste había logrado obtener el respaldo de ERC y de los Comunes para ser designado 'Molt Honorable'.

Puigdemont, venerado por esa-persona Cerdán y por Sánchez, y acusado de desobediencia y malversación por el infame referéndum ilegal y la correspondiente declaración unilateral de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017, llevaba ya seis años y nueve meses prófugo de nuestra justicia en el momento de su anuncio público de regreso. Y el devenir final de los acontecimientos respecto a su vuelta lo conocen de sobra, tal y como por ejemplo lo tituló y describió la muy británica y flemática BBC, «La insólita aparición en España y posterior huida de Carles Puigdemont, el líder independentista catalán fugitivo de la justicia desde hace casi siete años».

Continuando la BBC con un irónico, quizás incluso hiriente, «parece la trama de un thriller o de una comedia, pero regresó a España, dio un discurso frente a centenares de seguidores y volvió a huir». Cada cual que saque sus propias conclusiones. ¿De verdad alguien en su sano juicio considera que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tienen y no disponen de la capacidad profesional suficiente como para haber detenido a Puigdemont desde el momento en que puso pie en España?

Respeto, por supuesto, al señor Torres. Primero las personas. Pero desconcierta haberle escuchado con ese exabrupto televisivo en inesperado tono amenazante, matizado eso sí al día siguiente con el añadido de «la Fiscalía de menores». Más aún tras al 'chasco' anímico de nuestra canariedad al contemplarle recientemente haciendo de sustituto de María Jesús Montero y de interlocutor con los independentistas catalanes para negociar una financiación 'singular' para Cataluña. Quo vadis?

Desconcertados más aún, de hecho, si lo que de verdad ponemos sobre la mesa es la parsimonia (e incluso inobservancia) del propio gobierno sanchista respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a hacerse cargo de unos 1.000 menores migrantes acogidos en las islas y que habían solicitado asilo. Situación hasta para la que el Supremo estableció al gobierno central un plazo máximo de 10 días -contados desde el 26 de marzo pasado- para su cumplimento.

Cumpliéndose únicamente dos meses después, y ante el ninguneo monclovita a la sentencia impuesta, lo que ya había vaticinado Manuel Domínguez, vicepresidente canario, con un simple término: 'artimañas'. Con una respuesta de Moncloa al Supremo de lo más esperpéntica: no contar con recursos específicos para acoger a esos menores y adolescentes. Claro, porque Arguineguin y su pequeño dique pesquero sí que lo estaban para ver cómo el gobierno central hacinaba allí a casi 3.000 personas… ¿Qué teníamos que haber hecho los grancanarios y canarios en ocasión del muelle de la vergüenza, en la etapa covidiana y autonómica presidida por el señor Torres? ¿Llamar 'a la policía'?

Se preguntaba el presidente andaluz, Juanma Moreno, las siguientes cuestiones, extrapolables en su planteamiento también desde Canarias: «¿Cuántos emigrantes entran desde Europa al País Vasco? ¿Cuántos emigrantes cruzan en patera desde Francia hacia el País Vasco?» Interrogantes ya aclarados entre Moreno y el Lehendakari Pradales, eso sí como mandan los cánones, sin necesidad de ruido de sables…láser. En definitiva, negándose también ambos al mencionado juego del muro-encontronazo.

Por cierto, el último informe de riesgos Annual Risk Analysis 2025-2026 de Frontex (la agencia europea de fronteras) advierte con contundencia de un fenómeno creciente: la infiltración de delincuentes entre los inmigrantes irregulares que alcanzan sobre todo la península y Baleares en cayucos procedentes de Argelia. ¿Qué ministro o ministra nos ha alertado de ello?

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…política territorial y memoria democrática.