La banca y el Gobierno trabajan en medidas para ayudar a los más vulnerables a poder seguir afrontando sus cuotas hipotecarias ante un aumento de los tipos. El objetivo es loable pero hay que evitar que las medidas impliquen un encarecimiento del préstamo a la larga
La banca y el Gobierno trabajan desde hace semanas para buscar fórmulas que ayuden a las familias españolas a hacer frente al pago de las hipotecas durante los próximos meses, o quizás años, debido al incremento de los tipos de interés.
Las cuotas ya han sufrido un repunte importante, en algunos casos de más de 300 euros -depende de las características del préstamo- y van a seguir subiendo porque ahora el objetivo de los bancos centrales y los gobiernos es atajar la inflación.
Ni la banca ni el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ser objeto de críticas por un repunte de los desahucios. En el caso del segundo, sobre todo ahora que estamos en período preelectoral y su imagen quedaría muy dañada con un aumento de las familias desahuciadas, tal y como sucedió en la crisis de 2008.
Hoy el viento sopla a favor de las intenciones del Gobierno porque la banca se encuentra en un situación muy saneada y puede negociar las condiciones de las hipotecas para permitir que las familias puedan seguir con ellas. No es 2008 cuando, antes del proceso de reestructuración sufrido, sus balances eran pura ilusión y maquillaje.
Sin embargo, no nos engañemos; las entidades no van a regalar nada ni van a perder dinero, menos aún ahora que está por llegar el nuevo impuesto del Gobierno y con el que prevé se prevé recaudar 1.500 millones de euros al año. De ahí, que es necesario hilar muy fino para que las medidas que se adopten para facilitar el pago de las hipotecas no suponga un encarecimiento. Alargar los años de pago, como se baraja, siempre implica más intereses y por tanto, un encarecimiento de los créditos.
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