Jaula y arco iris

Constitución, entre el formol y la demolición

La Constitución Española cumple 39 años. Y, desde hace algún tiempo, surgen distintas voces que plantean que es la hora de reformarla, de actualizarla, de adaptarla a esta España del siglo XXI. Otros, en cambio, prefieren conservarla intacta, sin tocar una coma, casi en formol (salvo cuando les interesa modificarla urgentemente, claro está). Mientras también hay quienes desearían aplicar lo de borrón y cuenta nueva, culpabilizando a la Carta Magna de una buena parte de los males de la sociedad española, desde el desempleo a los problemas de los servicios públicos pasando por los desahucios o las limitaciones de libertades.

«Cataluña es la primera en que se aplica, tras la cuasi declaración de independencia, aunque Canarias estuvo amenazada en su segunda legislatura autonómica»

Cierto es que su reforma exprés en 2011, con la modificación del artículo 135, acordada por PSOE y PP, supuso dar soporte legal a las políticas de austeridad y recortes implementadas durante la crisis y cuyos efectos siguen perviviendo. Especialmente en la Sanidad y la Educación, que redujeron sustancialmente sus presupuestos durante varios años, perdieron personal y, asimismo, calidad de sus prestaciones.

Leyendo su texto uno se encuentra con algunas paradojas. Y no solo porque hable en su artículo 47 de que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», cuando hemos padecido la pasividad de los poderes públicos ante los lanzamientos y desahucios que han causado daños irreparables a miles de personas. Cuando son muchas las personas y familias que no tienen posibilidad alguna de acceder a una vivienda por razones económicas.

También resultan bastante curiosas, por no cumplirse, las referencias que recoge respecto a los asuntos fiscales. En el artículo 31 se indica lo siguiente: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Nos encontramos muy lejos de él, se mantienen exenciones fiscales a los más poderosos y se tolera que grandes multinacionales, como las plataformas de alquiler vacacional, ganen mucho dinero en España y tributen en Irlanda.

Progresividad

Circunstancias que han llevado a los técnicos de Hacienda (Gestha) a reclamar que se cumpla con el precepto constitucional y se dote al sistema fiscal de mayor progresividad, «a través de un mayor peso de la imposición directa frente a la indirecta, igualar el tratamiento de las rentas del capital y del trabajo, limitar las deducciones del Impuesto de Sociedades y alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de la UE, pues actualmente existe una diferencia de casi seis puntos (34,4% de España frente al 40% de la media de la UE)».

Ahora que se queda casi vacía la alcancía de las pensiones, al pasar de los 66.000 millones de euros del año 2011 a los 8.000 actuales, que se recurre a un préstamo para poder pagar la extra de Navidad, y se cuestiona la propia sostenibilidad del sistema, conviene recordar el artículo 50 de la Carta Magna. Este señala que los poderes públicos «garantizarán, mediante pensiones adecuadas y permanentemente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad».

Además, en su artículo 128 se asegura que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Y se añade que «se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». E inmediatamente pienso en los sectores energéticos, por ejemplo.

Artículo 155

Aunque el artículo más de moda en los últimos meses ha sido el 155, ese que posibilita intervenir en una Comunidad autónoma cuando esta «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España». Cataluña es la primera en que se aplica, tras la cuasi declaración de independencia, aunque Canarias estuvo amenazada en su segunda legislatura autonómica.

La Constitución del 78 no es, en modo alguno, perfecta. Ni perfecto ha sido su desarrollo ni el nivel de cumplimiento de su articulado.

Pero con esta Constitución, sí, con esta, hemos logrado la mejor reforma sanitaria de nuestra historia, un significativo avance en los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, así como en la superación de la discriminación hacia gais y lesbianas.

Pero con esta Constitución, sí, con esta, se ha establecido una ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que transforma en derecho lo que antes era objeto de la caridad. Hemos alcanzado elevados niveles de autogobierno territorial, siendo en estos momentos uno de los estados más descentralizados del mundo. Y hemos convivido, con diferencias, con pluralidad, con aciertos y errores, durante casi cuarenta años.

Soy favorable a una reforma constitucional. En su título VIIIº para dar un salto en el desarrollo autonómico desde una concepción federal que puede contribuir a solventar la grave crisis actual. En el fin de la prevalencia masculina en la sucesión de la Corona. O en un reconocimiento más explícito de las peculiaridades canarias. En distintas ocasiones me he mostrado favorable a una Constitución federalista, laica, republicana y que blinde los servicios públicos y el Estado Social. Pero, también, mi convencimiento de que ese deseo no lo comparte todo el mundo.

No veo condiciones –no las vi nunca, lo reconozco- para el proceso constituyente que algunos vienen anunciando desde el año 2015. Soy por otra parte consciente del elevado grado de consenso que precisa –afortunadamente- la modificación de la Carta Magna y que esta debe representar el sentir de una gran mayoría social.

Y no escondo el temor de que, en medio de la actual ola liberal y conservadora, mundial y estatal, sea imposible una reforma constitucional. O incluso que, de abordarse, en lugar de un avance suponga una contrarreforma, un intento neocentralizador y de reducción de los derechos y libertades que hoy contiene la Constitución. Distintas intervenciones de dirigentes de PP y Ciudadanos parecen apuntar en esa restrictiva línea.

«En distintas ocasiones me he mostrado favorable a una Constitución federalista, laica, republicana y que blinde los servicios públicos y el Estado Social. Pero, también, mi convencimiento de que ese deseo no lo comparte todo el mundo».