Clavijo y el caso Reparos

La petición de la Fiscalía del Supremo es coherente con la mantenida por la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, quien, en sus escritos al juzgado de instrucción, describe cómo desde la Alcaldía lagunera se consolidó una práctica para el levantamiento de los reparos de la Intervención pese a las continuas advertencias sobre la vulneración de la legalidad. Esa interpretación de los indicios también la hizo suya el propio juzgado en el escrito elevado al Supremo, incluyendo la apostilla sobre el hecho de que difícilmente alguien con la experiencia de Fernando Clavijo en política y su propia formación profesional podía pensar que su forma de proceder era compatible con el cumplimiento de la normativa.

Frente a un escenario de tanta gravedad, el senador y expresidente de Canarias sigue en su particular huida hacia adelante y presenta el aforamiento como un privilegio que no es de su agrado. Como le ha recordado el también senador Santiago Pérez, teniente de alcalde lagunero y denunciante del caso, Clavijo, si quiere ser coherente con sus propias palabras, lo tiene muy fácil: debe dimitir de inmediato, con lo que la causa regresaría a la jurisdicción ordinaria. Si ya es preocupante que alguien que, como representante de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentre bajo la sombra de la sospecha judicial, tan o más cuestionable es que pretenda engañar a la ciudadanía bajo un manto de victimismo que tropieza con la realidad de los hechos: se refugió en el aforamiento cuando le interesó, haciendo dejación a las primeras de cambio de su compromiso con los electores de Canarias y con sus propias declaraciones, pues había afirmado que se quedaría en el Parlamento regional como líder de la oposición.

A la espera de que la Justicia siga su curso, Clavijo se equivoca si piensa que Canarias no tiene memoria. Los hechos no se levantan con la misma ligereza que él lo hizo con los reparos de Intervención.