Canarias, ante dos desafíos silenciosos, pero decisivos

La propuesta inicial de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 supone un riesgo real que no podemos ignorar. Bruselas plantea que la distribución de los fondos europeos que hoy reciben directamente las RUP pase a manos de los Estados miembros. Esto no es una cuestión técnica, como algunos podrían pensar; es una alteración profunda del modelo de acuerdo del Tratado para las Regiones Ultraperiféricas de la UE que ha permitido a Canarias compensar, aunque sea parcialmente, los sobrecostes derivados de su insularidad, su lejanía y sus características estructurales diferenciadas.

En el marco actual, las Islas reciben más de 4.600 millones de euros entre Feder, FSE y Posei, recursos esenciales para sostener nuestro sector primario, impulsar políticas de empleo y cohesión, y garantizar que ningún territorio del Archipiélago quede atrás. Si esos fondos dejan de asignarse directamente a Canarias para ser gestionados desde el Estado, entraríamos en una competencia desigual que nos relegaría inevitablemente. No se trata de una exageración, sino de una evidencia: Canarias nunca ha partido en igualdad frente a territorios continentales, y menos aún cuando hablamos de la defensa de intereses ante un Estado que tiene múltiples tensiones territoriales que atender.

Por eso he insistido en que esta cuestión no admite miradas partidistas. Las RUP de Portugal y Francia ya han mostrado una reacción firme y conjunta. Canarias debe hacer lo mismo, con unidad institucional y determinación política. Defender esta financiación no es un privilegio: es la garantía mínima para que el archipiélago siga siendo competitivo, cohesionado y viable.

El segundo desafío está más cerca de casa, pero es igual de crucial. En 2026 se abordará la reforma del sistema de financiación autonómica. Y Canarias no puede permitirse acudir a esa negociación sin una posición clara y firme. Demasiadas veces hemos visto cómo, desde Madrid, se olvida que las Islas cuentan con un Régimen Económico y Fiscal propio que no debe mezclarse ni confundirse con el modelo de financiación.

Mezclar ambos sistemas sería un error histórico que pondría en riesgo la estabilidad de nuestras cuentas y la capacidad de financiar servicios esenciales. Pero además del REF, la financiación autonómica debe reconocer realidades que no pueden seguir invisibilizándose: la insularidad, la doble insularidad, los sobrecostes en los servicios públicos y una población que ha crecido en más de 570.000 personas en los últimos años. Nada de esto es circunstancial. Son factores estructurales que condicionan el coste real de servicios sanitarios, educativos, transporte, vivienda o políticas sociales. Si el nuevo modelo no incorpora de forma adecuada estos elementos, las Islas quedarán penalizadas durante años, hipotecando el margen de actuación de cualquier Gobierno futuro.

Ambas negociaciones -en Madrid y en Bruselas- determinarán la salud económica y social de Canarias durante las próximas décadas. Por eso requiere unidad. No podemos permitir que estos temas se conviertan en armas arrojadizas entre partidos o instituciones. No pertenece a un Gobierno ni a una ideología defender que Canarias tenga lo que le corresponde; pertenece a todos los canarios. Quienes representamos a esta tierra tenemos la obligación moral y política de actuar con claridad, con responsabilidad y con firmeza. El tiempo de actuar es ahora, antes de que las decisiones estén tomadas y sea demasiado tarde. Nuestro futuro se juega en estas negociaciones. Ignorarlas sería un error irreversible.