Hacer un repaso a la política de asuntos sociales en Canarias es un auténtico vía crucis. Muchos de los lectores habituales de esta columna se sorprenderán al no escribir hoy de la magnífica política deportiva en Gran Canaria, ahora que estamos a las puertas del evento del año: El Mundial de Pentatlón Aeronáutico Militar, con 85.000 euros de subvención, pero es que leí hace unos días una información que ha abierto mis heridas.
«El comité de empresa de la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno canario ha denunciado la falta de medios, el caos organizativo y la pérdida de calidad en la asistencia a las personas beneficiarias de ayudas o prestaciones relacionadas con este área». En un comunicado, los trabajadores aseguran que se están «empeorando» los servicios sociales públicos. Recuerdo la voz de alarma que hace unos meses alzó Rafael Yanes, Diputado del Común, sobre la precariedad que se vive en Canarias. Todo se acalló con un manido mensaje de que las culpas siempre son del pasado, pero es hora de mirarse al espejo.
La consejera Noemí Santana debe saber que el caos es mayúsculo. Les voy a poner un ejemplo personal. Llamé al 012 para solicitar cita a final de enero -tras recopilar la documentación necesaria de un familiar- y me dieron hora en El Pino dos meses después. Acudí a final de marzo. Han pasado ocho meses y nada de nada. Ni una sola señal de vida. Según ha adelantado el sindicato, el número de solicitudes pendientes de citar es de 8.100, lo que conlleva una espera de entre 12 y 22 meses, por lo que debo armarme de paciencia y comprobar que lo que sucede es un despropósito por mucho que lo maquillen.
Tras la impresionante denuncia del Diputado del Común sobre el estado lamentable de algunas residencias de mayores, se han realizado contrataciones, pero se denuncia que las personas contratadas «están ubicadas en un espacio físico insuficiente y se produce un hacinamiento sin los medios informáticos mínimos para realizar el trabajo». De todo esto me surgen varias dudas: ¿Estas personas contratadas están cualificadas? ¿Reciben formación? Y en relación a las residencias, ¿cuántas renovaciones de la acreditación de centros se han concedido desde agosto de 2019 hasta hoy con informes favorables previos? ¿Y cuántas de estas renovaciones provienen de una acreditación previa por silencio administrativo positivo?
Es hora de ponerse manos a la obra, porque un día el lobo se comerá a Caperucita.
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