Cercado como está por los casos de presunta corrupción en su círculo familiar, su partido y su Gobierno, el presidente Pedro Sánchez parece haber elegido ... la opción de atrincherarse a costa de crear un conflicto de gran calado entre España, la OTAN y Estados Unidos. Y todo ello aplicando las mismas formas que ya utilizó en su día cuando el giro histórico en relación con el conflicto del Sáhara Occidental: sin recabar el apoyo de las Cortes y actuando como si, en lugar de presidente del Gobierno, fuese el jefe de Estado de un país donde el poder legislativo tuviese un papel testimonial.
En pleno escándalo por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con Santos Cerdán y la trama de presunta corrupción instalada en varios ministerios y presumiblemente en el propio PSOE, Pedro Sánchez mantuvo un pulso con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, que derivó en un cruce de cartas y finalmente en una declaración en La Moncloa que solo 24 horas se vino abajo cual castillo de naipes. Sánchez presumió de haber logrado una especie de 'excepción española' en el seno de la OTAN, de manera que nuestro país elevaría al 2,1% del Producto Interior Bruto el gasto en defensa, muy lejos del 5% al que se iban a comprometer el resto de integrantes de la Alianza Atlántica. El desmentido de Rutte dejó en evidencia al inquilino de La Moncloa y después ya llegó un episodio que produce vergüenza ajena: Sánchez acudió a la cumbre de la OTAN, donde estampó su firma en el documento que deja constancia de aquel compromiso del 5%, mientras que él siguió insistiendo en que España se quedaba al margen.
Todo ello derivó en el enfrentamiento abierto con Donald Trump, cuyas consecuencias comerciales están por concretar. Del presidente de Estados Unidos no podemos esperar mesura y en ocasiones tampoco coherencia, pero al jefe del Gobierno de España sí que hay que exigirle lealtad a los aliados, transparencia en la gestión y, sobre todo, que acuda previamente a las Cortes a exponer sus planes y recabar el apoyo preciso cuando hablamos de políticas de Estado. Las relaciones internacionales y la defensa no son patrimonio del presidente, y menos de uno acuciado por los numerosos y graves casos de corrupción. Tampoco pueden estar en manos de un dirigente cuyos apoyos parlamentarios reales son un misterio.
Así las cosas, si con el informe de la UCO sobre Cerdán y el desarrollo judicial de los casos de Begoña Gómez; su hermano músico; el fiscal general; el exministro Ábalos investigado y el ministro Bolaños a punto de estarlo había motivos de sobra para convocar elecciones, cuando se burla al Congreso en materias tan delicadas, ya no hay excusas para demorar la disolución de las Cortes. Sánchez puede optar por la trinchera para alargar su agonía política pero el país no.
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