Solidaridad y financiación autonómica: el futuro del REF

Una de las medidas más relevantes del REF es la menor presión fiscal indirecta en Canarias. Por ejemplo, mientras que en el resto de España se aplica el IVA con un tipo general del 21%, en las islas se aplica el IGIC, con un tipo general del 7%.

Además, los tres grandes impuestos estatales que no se aplican en Canarias en virtud del REF (IVA y los impuestos especiales sobre las labores del tabaco e hidrocarburos) están cedidos en, al menos, un 50% a todas las CCAA de régimen común, recursos con los que financian sus competencias. En el modelo de financiación autonómica vigente, la ausencia de recaudación en Canarias por estos impuestos es complementada con transferencias, principalmente desde otras CCAA, para garantizar que nuestra comunidad autónoma disponga de unos recursos similares al resto de CCAA. De hecho, Canarias es la principal receptora de estas transferencias.

Al mismo tiempo, no debe obviarse que el Estado cuenta para financiar sus competencias (defensa, seguridad, relaciones exteriores, etc.) con el porcentaje no cedido a las CCAA de la recaudación de estos tres impuestos, que no se recaudan en Canarias, a la vez que asume la mayor parte del coste del resto de medidas del REF (ayudas al transporte, incentivos fiscales, precio de electricidad, …). En definitiva, el REF es una clara expresión del principio de solidaridad entre territorios que establece nuestra Constitución, un principio que no solo beneficia a Canarias, pero del que esta comunidad depende especialmente.

La financiación autonómica es clave para el bienestar ciudadano, ya que las CCAA gestionan competencias esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y actualmente, las CCAA –Canarias incluida– obtienen la mayor parte de sus recursos a través de la cesión de una parte importante de los grandes impuestos estatales, como el IRPF o el IVA. Es decir, el Estado les transfiere parte de la recaudación generada en cada CA en una cuantía que se aproxima al coste de sus competencias.

En este contexto, el acuerdo en 2024, entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, sobre una financiación singular para Cataluña planteó un modelo en el que esta CA recaudaría la totalidad de los impuestos soportados en su territorio, devolvería una parte al Estado para financiar las competencias estatales y realizaría otra aportación para la solidaridad interterritorial. Este esquema recuerda al modelo de financiación foral aplicado en el País Vasco y Navarra, aunque introduce explícitamente una aportación destinada a la solidaridad -elemento no presente en el modelo foral-, pero contiene todavía numerosos aspectos pendientes de concretar. El nuevo acuerdo, de la comisión bilateral Estado-Generalitat, presentado este mes de julio, parece rebajar en parte las aspiraciones iniciales de soberanía fiscal, pero igualmente sigue dejando muchas incógnitas abiertas, entre ellas el alcance de la solidaridad.

Más allá de las advertencias técnicas realizadas por especialistas sobre los riesgos de fragmentar la gestión tributaria –hoy centralizada para los grandes impuestos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria–, lo cierto es que la indefinición de estos acuerdos impide valorarlos con precisión. Sin embargo, sí cabe preguntarse qué consecuencias tendría para Canarias una evolución del modelo actual hacia un esquema más similar al foral, una aspiración manifestada en distintas ocasiones por el gobierno catalán. La generalización de un modelo próximo al foral implicaría una mayor territorialización de los ingresos tributarios: las CCAA podrían incrementar, en una primera instancia, la recaudación atribuida a las mismas, para a su vez tener que destinar al Estado una parte de esta recaudación para el sostenimiento de las competencias que continúan ejerciéndose por aquel, entre las que se encuentra la solidaridad interterritorial, y, por tanto, el REF. Es cierto que este planteamiento puede materializarse de modo que las CCAA y el Estado continúen con el mismo nivel de recursos que en la actualidad. Pero no parece plausible que una reforma de esta magnitud se impulse para que todo quede igual.

Además, lo más probable es que los ingresos tributarios se perciban cada vez más como 'propios' de cada comunidad, y las aportaciones al Estado o a otras CCAA con menor desempeño económico, entre ellas Canarias, quedarán expuestas a las presiones políticas de cada negociación. Todo esto sucede en un contexto especialmente complicado: España debe cumplir con los compromisos de consolidación fiscal asumidos ante la Unión Europea, a los que se unen las nuevas demandas en materia de defensa, y que limitan el margen para aumentar los recursos del sistema y satisfacer así a todas las partes afectadas.

En definitiva, la reforma del modelo de financiación autonómica es necesaria, entre otras cuestiones, para corregir desequilibrios evidentes: hoy hay CCAA que, a pesar de generar más ingresos tributarios, disponen de menos recursos para financiar sus servicios públicos que otras que aportan una menor recaudación. Pero esa reforma no debe favorecer dinámicas que supongan una amenaza para la solidaridad interterritorial, imprescindible para sostener un país cohesionado. En regiones como Canarias, con un PIB per cápita claramente inferior a la media, y con los desafíos añadidos de la insularidad y la lejanía, esa solidaridad resulta aún más crucial. Preservar la solidaridad entre territorios es una condición necesaria para preservar el REF.