¿Quién controla a quienes deberían ser controlados?

El último ejemplo, y quizá el más mediático, ha sido el contrato del concierto de Alejandro Fernández. La interventora fue clara, detallada y contundente en su informe: explicó punto por punto por qué no procedía autorizar ese gasto y cuáles eran los riesgos para las arcas municipales. Sin embargo, se decidió levantar el reparo y seguir adelante, como si nada.

Y aquí está el problema: no hablamos de un hecho aislado, sino de un patrón. Cuando los reparos se convierten en rutina y levantarlos en un acto mecánico, lo que se está diciendo a la ciudadanía es algo demoledor: 'El control existe, pero nosotros hacemos lo que queremos'.

La figura de la Intervención no es decorativa. No está para molestar ni para frenar caprichos políticos, sino para garantizar que lo público se gestiona conforme a la ley, con rigor y con respeto al dinero de todos.

Cada reparo levantado es una alarma encendida, una advertencia que señala que algo no se ajusta a la legalidad o al procedimiento correcto.

Si esos informes se ignoran sistemáticamente, lo que se erosiona no es solo el papel de la interventora, sino la credibilidad de la propia institución.

¿De qué sirve hablar de transparencia, de gestión responsable o de respeto a lo público, si luego se convierte en norma saltarse el criterio técnico que debería ser el contrapeso al poder político?

Como vecino de Arrecife y cargo público, me preocupa enormemente todo lo que está ocurriendo en el ayuntamiento de mi ciudad, me consta que muchos vecinos y vecinas lo sienten de igual manera.

Deseo de todo corazón, que se encuentre alguna forma de entendimiento respetando los mecanismos de control y responsabilidad que se debe mantener ante la ciudadanía. Porque cada reparo levantado sin justificación política de peso, no es solo un gesto de arrogancia frente a la Intervención, sino un golpe a la confianza de los arrecifeños y arrecifeñas en sus gobernantes.

La pregunta es inevitable: ¿quién controla a quienes deberían ser controlados?