¿Cómo hacerlo peor?

En el ejercicio de las potestades conferidas por la legislación, el Gobierno de Canarias toma en consideración que las superficies agrícolas del sector primario del plátano se han aumentado, así como la productividad de las explotaciones de forma constante, siendo intención del Gobierno que la producción no supere las 420.000 toneladas, que es la máxima establecida en el Programa General del Decreto 143/2009, mediante el establecimiento de coeficientes correctores a los efectos de mantener las cantidades de referencia asignadas dentro del límite establecido que ha dado lugar a una pérdida sostenida en el tiempo del peso de las cantidades de referencia asignadas a las productoras y a un paulatino descenso del importe unitario del componente principal de la ayuda y, se dice que la citada limitación ha imposibilitado además que nuevas personas se incorporan, a través de la reserva de cantidades de referencia, al beneficio de la ayuda.

El preámbulo que el Decreto tiene por objeto adaptar las modificaciones del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, manteniendo los límites establecidos por la normativa comunitaria y establecer un nuevo marco regulatoria de la asignación y método de cálculo coherente e integrado, mediante la aplicación de un límite de asignación de dichas cantidades, ampliando también el periodo de revisión, así como la revisión de la superficie asociada para el cálculo del rendimiento individual.

De esta forma se amplía el periodo de revisión de las cantidades de referencia de dos a tres años que dicen, supondrá una amortiguación del ritmo de descenso de las cantidades asignadas con el fin de ralentizar la aplicación de las reducciones en el cálculo de la ayuda, para mantener el nivel de ayuda estable, contribuyendo a una mayor viabilidad y evitando la continua reducción de perceptores que se viene produciendo en los últimos años.

También, aplicar una cantidad de referencia máxima a asignar por hectárea de 68.5000 kilos, para limitar imputar cantidades a superficies que no cumplan con los requisitos necesarios para ser admisibles para la ayuda.

Por último, una nueva regulación de la reserva de cantidades de referencia asignadas, establecimiento procedimientos más ágiles y transparentes que fomente el relevo generacional.

Todo ello teniendo en cuenta los principios establecidos en la legislación básica de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Principios que no se cumplen con esta nueva regulación.

Medidas muy desacertadas en primer lugar, porque ampliar el periodo de rescisión de las cantidades puede perpetuar a agricultores que han abandonado - o tienen intención de hacerlo -, las plantaciones de forma total o parcial desde varios años antes de la pérdida del derecho de cobrar ayudas. También porque si el cálculo de las cantidades de referencia ahora se hará en base al derecho histórico que promedia con tres años impide la entrada de jóvenes agricultores.

En segundo lugar, limitar la producción por arriba, es decir, más de 68.500 kilos por hectárea es premiar al mal agricultor, al que no respecta las BCAM (Buenas Condiciones Agrarias y Medio Ambientales); de esta forma se desincentiva a las personas que llevan años invirtiendo en la mejora de la calidad del suelo, del agua y, de la fruta producida, con merma de su nivel de vida que no perseverará, a la vez que no motiva a los demás a mejorar porque más allá de los 68.500 kilos por hectárea cosecharan retirada de ayudas y menos ingresos. ¿Para que mejorar la calidad y la productividad si no es necesario y no voy a cobrar más?

Todos los agricultores saben cultivar peor, pero muchos se esmeran en mejorar cada año porque el mercado, controlado por las grandes cadenas exige una calidad excepcional, si queremos que se pague como pretendemos. Es el consumidor quien en definitiva, el que pone el precio final cuando elige en el lineal del supermercado.

En tercer lugar, esta nueva regulación de la reserva de cantidades de referencia asignadas, sin ningún tipo de información, ni estudio estadístico, ni transparencia alguna, mediante un procedimiento ambiguo de reparto y sin reflejar directamente a los afectados y su importe. Un sistema totalmente arbitrario por parte de la administración, claramente manipulada por razones ideológicas.

Entrando en este asunto, nos encontramos con un Decreto emitido no de forma democrática, dado que la mayor parte del sector, entorno al 60%, cuatro Organizaciones de Productores (OPP) reunidos en Asamblea General de Asprocan (Asociación de Productores de Plátano de Canarias), han votado de forma mayoritaria contra la aprobación del mismo. Sin embargo, el Gobierno lo aprueba fomentado por asociaciones facciosas de relato radicalizado, que no entienden el real funcionamiento del sector, ni saben el método para defender a sus supuestos representados.

Durante todos estos días se han recibido comentarios, a mi juicio distraídos de la realidad, ya que el decreto, no beneficia al 91% de los Agricultores de plátanos, solo a los que cosechan de forma inadecuada o insuficiente e ineficaz, algo que por pura lógica producirá enormes divisiones dentro del sector, hasta ahora inexistentes, porque perjudica a los buenos agricultores que respetan las BCAM.

Es erróneo el criterio de que con esta medida se quitan ayudas a los grandes productores para repartirlos entre los pequeños, algo así como una especie de Robín Hood, los pobres contra los ricos. Pero la realidad es lo contrario, ya que la gran mayoría de agricultores que producen más de un millón de kilos/año no llegan a 68.500 kilos/hectárea, por lo que se van a retirar ayudas al agricultor profesional que cultiva correctamente, para repartirlo mal y menos que proporcionalmente entre los grandes y los malos, quebrando los principios de igualdad, proporcionalidad y de capacidad económica.

La medida de quitar subvenciones a los que producen más de 68.500 kilos hectáreas es absolutamente inocua, pues se perjudicaría a unos pocos que cultivan mayor calidad, a los que se les detraerá cantidades significativas, que se repartirán entre un colectivo de más de 7.500 agricultores a los que prácticamente no beneficiarán en nada. La repercusión será mínima y muy perjudicial, pues penaliza a pequeños y medianos agricultores que hayan conseguido hacer más productivas sus plantaciones. En resumen, se quitará mucho a pocos, para dar poco a muchos. Una gran torpeza.

Nada más fácil que producir menor calidad, aunque esto perjudique a todos a medio y largo plazo produciendo plátanos de menor calidad, tamaño, sabor, olor, color, presentación, roces, etc... ¿Para qué invertir en mejoras en el cultivo, en la recogida, camiones y sistemas de transportes, etc..., para no obtener ninguna compensación?

En agricultura del plátano de Canarias, no se puede distinguir entre grandes y chicos, pobres o ricos, sino entre los que respetan lo BCAM, entre los que cultivan correctamente, producen mayor calidad y los que no. Por tanto, es un error poner un tope al rendimiento por hectárea. Es el mercado quien demanda un plátano pequeño y más homogéneo y, también es normal que con el paso de los años y las mejoras tecnológicas y de eficiencia se pueda aumentar paulatinamente el rendimiento del suelo.

No hay ninguna evidencia de que limitando kilos producidos por hectárea se consiga el pretendido mayor relevo generacional. La razón de que dicho relevo no exista o sea poco significativo es el muy alto valor del suelo – en La Palma, el más caro del mundo- y, las falsas expectativas de recalificación en urbanos generadas desde las Instituciones Públicas.

Fijar la cantidad a 68.500 kilos, es una decisión arbitraria que no obedece a un criterio racional, concluido después de un análisis o estudio estadístico, sino del libre albedrio arbitrario o a un mal entendimiento de la discrecionalidad.

Es obvio por tanto, que los problemas del sector deben resolverse dentro del mismo, con la colaboración de la Consejería de Agricultura y, si bien en principio Asprocan es una organización –democrática y participativa- cuya participación o pertenencia es voluntaria, la realidad es que quien la fomenta y nos mantiene unidos es la Consejería por el bien de todos.

Se han vertido en prensa versiones equivocadas de inutilizar o retirar del mercado cuando sobra fruta, proponiendo retirar la misma cantidad proporcionalmente a todos los agricultores, lo que tampoco es de sentido común, ya que lo normal es seleccionar la fruta más defendible y, de esta forma el mal agricultor se beneficia otra vez del bueno. Los buenos agricultores mantienen principalmente los costos medios de la recogida y empaquetados, porque su fruta se procesa con más celeridad y menor costo.

La planificación conjunta del ciclo de la producción debe de hacerse de forma conjunta en todo el sector y no es una labor de cada OPP, ni de almacenes aislados, pues no serviría de nada. Debería en su caso, gestionarse esta labor desde Asprocan, controlar la oferta parece ser una buena opción, hoy por hoy muy lejana, pues visto lo acontecido el mercado es impredecible.

Cierto que buen agricultor es el que es capaz de cultivar la tierra y sacarle un buen rendimiento según circunstancias particulares, pero la Consejería debe fomentar el cambio de cultivo en parcelas ubicadas muy altas sobre el nivel del mar que no reúnen la condiciones climáticas adecuadas.

Otro error es que se piensa que producir dentro de un invernadero aumenta la producción de kilos. La construcción de un invernadero tiene un costo muy elevado, la calidad de la fruta no es necesariamente mejor, las condiciones climáticas tampoco ya que la temperatura oscila de forma más drástica en su interior, es más caluroso cuando sol y más frío de noche, la fruta llena antes fuera que dentro ya que la malla del techo quita la luz. La única ventaja es proteger el cultivo en zonas ventosas, pero es una inversión que se amortiza entre 15 a 20 años.

El Gobierno ha permitido nuevas plantaciones desde el año 1995 a agricultores que provienen de otros sectores agrícolas a pesar de incumplir la legislación vigente, y si en algún momento hay sobreproducción no es culpa del agricultor. Antes con 420.000 toneladas se proveía al 90% del mercado peninsular y, hoy que la población ha subido de unos 40 millones de personas a más de 49, más la flotante, la producción Canaria no cubre ni el 50% de la demanda del mercado, siendo el año 2024 el primero que se venden más bananas que plátanos en un mercado que llegó a ser exclusivo de Canarias., un 'muy serio aviso a navegantes'. Por tanto, no hay un aumento desmesurado de la producción, sino una mala estructuración de la venta. Por otro lado, ya no llega ni 30 céntimos por kilo de ayudas, cuando los costos de producción se han incrementado muy significativamente y, el Consejo Insular de Aguas no tiene capacidad para abastecer el agua para riego en verano.

Las prohibiciones de plantación de nuevos cultivos, nunca se han aplicado en 40 años y, no han sido objeto de penalización alguna. Esto también limita la entrada de jóvenes agricultores ni aun redistribuyendo el Fondo de Reserva, si algunos de los que han entrado son grandes transnacionales.

Podemos concluir que este decreto no consigue su objetivo, dado que no provee de un marco regulatorio coherente e integrado, ni la estabilidad y sostenibilidad ante las modificaciones del POSEI, discrimina al buen agricultor.

Los principales beneficiarios no van a ser los titulares de pequeñas ni medianas explotaciones. Por otro lado, en Canarias el modelo de agricultor, no es el típico de explotación de origen familiar, sino el de pluriactividad. La mayor parte de estos pequeños y medianos agricultores no lo son a tiempo completo, como ocurre en otros países, sino que ejercen otra actividad paralela y alternativa, mejor remunerada o complementaria corriente y frecuente el empleo de terceros o la medianería.

El buen agricultor platanero, 'el autónomo profesional' raramente aparece por la finca, sino que debe cumplir obligaciones sociales mensuales, fiscales trimestrales, y resúmenes anuales, declaraciones de renta, patrimonio, sociedades, solicitudes y seguimiento de ayudas por pérdida de renta, modernización, abaratamiento de agua, cursos de formación, seguros, inspecciones de condicionalidad, laborales, fiscales, control de calidad, aplicar y controlar de medidas de seguridad, sanitarias y medioambientales, eliminación de residuos, poner pegatinas y carteles, además tiene que supervisar las instalaciones hidráulicas, funcionamiento de los pozos, desaladoras, galerías, manantiales, para el riego de las fincas, normativas de aplicación de tratamientos, libros de campo, planes de abonado y fitosanitarios, estar pendiente de la comercialización, del precio del mercado, de ayudas al transporte, hasta de la publicidad del producto final, etc., y por último atender su finca. El agricultor de hoy es 'un rellena papeles y formularios', además de técnico en informática, Word, Excel, Access, internet, certificados digitales, etc.., siendo imposible que él no profesional -que son la gran mayoría-, pueda cumplir con tanto requisito.

Decir también que, para el cálculo del histórico de referencia, no se debe de considerar el año 2023, que fue excepcional en cuanto a condiciones climáticas y de productividad, pues distorsionaría los resultados del reparto.

Terminar diciendo que este decreto no cumple la razón para la que fue creado, no es democrático, no promueve la eficacia de las plantaciones, quiebra la proporcionalidad en cuanto que beneficia a gran cantidad de grandes terratenientes, es injusto, discrimina al buen agricultor, no se reparte por igual, quiebra el principio de seguridad jurídica y el de la capacidad económica, igualando por abajo la productividad, sin reconocer adelantos técnicos en la producción, se ha emitido de forma arbitraria sin ninguna transparencia, ni estudios estadísticos comparativos previos que lo avale y, penaliza la eficiencia. Se incumplen los Principios de la legislación básica con esta nueva regulación, fomentando la polarización social, la estabilidad económica y perjudicando la buena relación entre productores, convirtiéndolos y discriminándolos en buenos y malos, grandes y pequeños, ricos y pobres, etc. No generando tampoco estabilidad social.

Afirmar que no hay que ser catastrofistas, el sector no está ante un escenario grave de supervivencia, a pesar de estar perdiendo fuerza en su único mercado, el de la península ibérica, pero si hay que ser prudente y seguir constante con un análisis continuado y real de la evolución.