OPINIÓN

Banco Popular: un secreto a voces

05/06/2017
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Con la crisis financiera iniciada en 2008, se ha producido una profunda transformación del sistema financiero español, caracterizada por la reducción drástica del número de entidades financieras operantes -especialmente notoria por la desaparición de las Cajas de Ahorros- y el redimensionamiento a la baja del negocio bancario minorista, instrumentalizado con el cierre de sucursales bancarias y las reducciones de plantilla, implementadas especialmente con EREs y prejubilaciones.

No obstante lo anterior, Mario Dragui, presidente del BCE, en su reciente visita a España le ha puesto deberes al sector financiero español, recomendando seguir reduciendo sus oficinas y plantillas como vía para recuperar su rentabilidad sobre capital, que ha caído del 20% en el 2006 al 5%. «Hay un amplio margen para ello», ha argumentado, ya que la eficiencia del sector, es decir, la relación de gastos e ingresos, no ha mejorado desde el 2010 y es peor que la de sus competidores europeos. Y eso que la banca española no es la más rezagada: ha recortado 84.018 empleos (un 30,1%, hasta los 194.283) y 17.311 sucursales (37,5%, hasta quedarse en 28.807 oficinas) desde los máximos del 2008. Aun así, tanto el BCE como el Banco de España llevan un par de años urgiendo al sector a seguir con los ajustes, además de plantearse fusiones y adquisiciones, todo ello, ante la necesidad de reforzamiento de los recursos propios de las entidades ante la recomendaciones del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), a través de su Junta Única de Resolución en el marco de la Unión Bancaria Europea.

«Se trata de un escándalo en toda regla, un secreto a voces en los primeros años de la crisis, donde se quiso desviar la atención del público hacia el sector de las Cajas de Ahorros, habiendo implementado el Banco Popular varias ampliaciones de capital desde 2008»

El pasado 16 de mayo, Banco Popular emitió ayer un hecho relevante en el que comunicaba que se habían recibido las expresiones de interés de diversas entidades para continuar analizando una posible integración en el marco de las alternativas estratégicas que está valorando la entidad para solucionar la situación en que se encuentra, no pudiendo seguir «en solitario», tras los saneamientos extraordinarios e inesperados implementados en los últimos meses. Recordemos que Popular registró unas pérdidas de 3.500 millones de euros en 2016, a las que hay que sumar los 137 millones del 1er trimestre de 2017, derivados en su mayor parte de las necesidades de saneamientos de su cartera de préstamos inmobiliarios. Adicionalmente, se ha descubierto, que la ampliación de capital de mayo de 2016 por 2.500 millones, se financió en un 20% por la propia entidad mediante créditos, siendo ésta una práctica muy controvertida, dado que no refuerza la solvencia de la entidad.

En nuestra opinión, se trata de un escándalo en toda regla, un secreto a voces en los primeros años de la crisis, donde se quiso desviar la atención del público hacia el sector de las Cajas de Ahorros, habiendo implementado el Banco Popular varias ampliaciones de capital desde 2008, además de un contrasplit de 5 a 1, de forma que ha emitido más del doble de las acciones que cotizan actualmente en bolsa. Es vergonzoso tratar así a unos accionistas fieles, fruto claro está de una nefasta gestión histórica y del disfrazamiento del déficit de capital regulatorio durante la crisis. ¿Cuánto capital le hace falta ahora al Popular para salir adelante? Los analistas lo sitúan en un rango entre 2.500 a 4.000 millones de euros, pero ya todo está en cuestión, dado que a los pretendientes también les está costando cuantificar el valor real del banco para presentar ofertas de adquisición.

Llegados a este punto, surgen cuestiones como el motivo del rescate público de Bankia, o si puede haber o no responsabilidad penal en una mala gestión bancaria. Lo que está claro, es que en el plazo de un mes, se decidirá si Popular es adquirido por otro banco, o si se aplica el procedimiento europeo de resolución de crisis llamado Mecanismo Único de Resolución (MUR), cuya función es la de garantizar la resolución ordenada de los bancos en quiebra con un coste mínimo para los contribuyentes y la economía real. En este último caso, se trataría de un rescate interno, esto es, con cargo a los recursos propios actuales de la entidad, se devolvería dinero en función de la prelación de acreedores, esto es, bonistas, accionistas, depositantes, etc., y solo si no hay suficiente para liquidar el banco (aparentemente no es el caso), tendría que ser el sector público el que tenga que aportar. Mientras, la bolsa sigue penalizando su cotización, que está ya a precio de saldo, entorno al 15% de su valor contable.