Dos décadas de la Ley Integral contra la Violencia de Género

En España, los avances importantes en la lucha contra la violencia de género y las violencias machistas han venido siempre de la mano del movimiento feminista, espoleado puntualmente por acontecimientos protagonizados por mujeres valientes que alzaron la voz para que la sociedad fuera consciente de una realidad que permanecía oculta en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. Ana Orantes, con su testimonio en prime time, puso luz a una situación desgarradora en la que se vieron reflejadas miles de mujeres que, como ella, vivían atrapadas en la culpa, la soledad y el terror. Su terrible desenlace conmocionó a una sociedad que desde el 78 se sentía más equitativa, más libre y que caminaba hacia la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, al menos formalmente. Su asesinato a manos de su exmarido provocó un gran consenso social de rechazo y repulsa que fue recogido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por todos los grupos parlamentarios sin excepción, lo que permitió que la Ley 1/2004 Integral contra la Violencia de Género fuera aprobada por unanimidad.

Esta norma pionera, holística y referente internacional de las políticas públicas en materia de igualdad, ha desplegado toda su eficacia precisamente por el consenso social con el que fue respaldada. Permitió que todas esas historias de terror, que se vivían en la intimidad, diesen el salto y se convirtiesen en cuestión de Estado. La violencia de género pasó a ser por primera vez en nuestro país un problema de toda la sociedad. A partir de ahí, se crearon estructuras y recursos de protección a las víctimas. Esta ley, que sigue siendo espejo para muchos países, supuso la puesta en marcha de medidas de protección integral, centradas en la prevención, la asistencia y la protección de las víctimas.

Después de veinte años de su entrada en vigor, podemos decir que la ley ha sido eficaz. Lo demuestran las cifras. Los asesinatos de mujeres han descendido un 24% en estas dos décadas, y aunque cada caso sigue desgarrándonos por dentro, encontramos una evolución que nos impulsa en esta lucha. La norma también ha dejado su huella en el empoderamiento de las mujeres, cada vez más conscientes de esas violencias y que ha permitido que el número de denuncias por violencia de género se haya incrementado un 15% en nuestro país.

Estos avances demuestran que la ley nos ha puesto en el camino, pero aún estamos lejos de llegar al destino. El machismo se transforma hasta buscar nuevas formas de violencia que amenazan a las mujeres. Esa violencia que se cuela en las redes sociales, afectando además a los más jóvenes, en la pornografía, que destruye el desarrollo afectivo sexual, cada vez a edades más tempranas y con comportamientos violentos; la violencia económica, la violencia vicaria o la institucional.

Nuevas amenazas que nos exigen y nos obligan, como poderes públicos y como sociedad democrática, a seguir luchando, pero ahora lo hacemos con 20 años de experiencia, y con la arquitectura institucional y jurídica para combatir la violencia de género en todas sus formas.

Los siguientes pasos vendrán de la mano de perseverar en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), que evalúa el cumplimiento del Convenio de Estambul. En su segunda evaluación, se han valorado positivamente los avances de España, sobre todo en lo relativo a la ampliación de los recursos para atender todos los tipos de violencia.

Dos décadas después, el compromiso es constante, lo que ha quedado patente con medidas puestas en marcha en este 2024, como la mejora del acceso de las víctimas a la justicia, la puesta en marcha de ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales, la entrada en funcionamiento de nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer, o la ampliación del Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO) a todas las formas de violencia contra las mujeres; así como el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos, que incluye también a las víctimas de violencias sexuales.

La sociedad debe seguir concienciándose y ahí debe estar el impulso feminista que no debe cesar. Fue precisamente ese impulso el que nos llevó en 2017 a la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, otro ejemplo de consenso. Ese grito unánime y firme, con la implicación de todas las instituciones, debe repetirse y, de esa forma, renovar el compromiso para erradicar la violencia machista, como una cuestión de Estado que nos interpela a todos.

No vamos a ejercer ese silencio del que hablaba Elie Wiesel. Hemos tomado y vamos a seguir tomando partido en este problema que nos afecta a todos. Y no vamos a dejar en el olvido a las mujeres que alzaron sus voces y que desencadenaron muchos de estos avances. Ana Orantes, Nevenka, la víctima de 'la Manada' o Gisèle Pelicot. Sus verdugos son quienes deben sentir la vergüenza y el rechazo.

Seremos el dique de contención del negacionismo, que rompe los consensos alcanzados, apoyado en el poder de transmisión de las redes sociales que profundizan en prejuicios y estereotipos machistas. Y haremos oír el grito unánime de mujeres y hombres que claman por una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia.