El Supremo da el primer paso para decidir si investiga al fiscal general por revelar secretos

La Sala Segunda (Penal) acumula a la causa de la querella de González Amador y la denuncia del Colegio de Abogados de Madrid otras tres acciones más: una querella de la denominada Fundación Foro y Libertad, una denuncia y otra querella del pseudosindicato Manos Limpias, así como la exposición razonada que elevó al Supremo -por la condición de aforado de García Ortiz- el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) encargado de las diligencias iniciales.

El tribunal de admisión del Supremo, presidido por Manuel Marchena y cuya ponente será la magistrada Susana Polo, ha pedido además a la Fiscalía del alto tribunal que informe sobre la existencia o no de indicios de delito en los hechos denunciados. Una vez recibido dicho informe, que no es vinculante, será turno del propio tribunal, quien tendrá la última palabra.

La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de estas querellas y denuncias estará formada por los magistrados Marchena, Susana Polo, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso del fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.

Fue el pasado 15 de julio cuando el TSJM elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios. «Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz», señaló el magistrado Francisco José Goyena en su exposición razonada.

En la resolución, el magistrado del TSJM recalcaba que la difusión de la nota «no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» como era desmentir un bulo, pues «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».