El registro del despacho de García Ortiz genera controversia entre jueces y fiscales

Las diez horas que estuvo la UCO de la Guardia Civil en las dependencias del Ministerio Público, un hecho sin precedentes, por mandato del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, llevaron a dos asociaciones de fiscales a reiterar la dimisión de García Ortiz. La dos más beligerantes son la Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

La primera exigió a sus colegas «reacción» para pedir la dimisión del máximo responsable de la carrera tras consumarse «un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva». La APIF, por su parte, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Supremo, ha pedido al juez Hurtado que proceda a la «suspensión temporal de empleo» de García Ortiz mientras transcurre la investigación por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Lo justifican para evitar cualquier injerencia en el procedimiento con respecto a la postura que adopte la propia Fiscalía, cuya teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde no ve delito. Una medida que también solicitan contra la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez, investigada también en la causa.

Los cuatro agentes de la UCO que se personaron el miércoles en el edificio de la calle Fortuny de Madrid se llevaron una copia íntegra del contenido de los dispositivos y correos electrónicos del fiscal general, a fin de evitar una «eliminación intencionada», según el juez. Se procedió al volcado íntegro del contenido de los dos teléfonos móviles de García Ortiz, el oficial y el personal, un ordenador de mesa y otro portátil, una tablet y multitud de memorias USB.

La «proporcionalidad» de esta medida también ha generado reacciones en la carrera judicial. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) pidió «reflexionar» sobre una decisión judicial que afecta a los derechos fundamentales. A través de un comunicado, el colectivo de carácter progresista considera que en estos casos «debe procurarse la menor afectación de los mismos si existen otras medidas que suponen menos injerencia, pero igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación», más si cabe al tratarse de un delito menos grave.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera y de sensibilidad conservadora, salió en defensa del juez Hurtado porque «sabe las decisiones que debe adoptar» y alabó «su criterio, prudencia y mesura» de la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado, en palabras de su presidenta María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid.