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Efe / Alcalá de Henares
Martes, 8 de enero 2019, 16:12
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Durante su interrogatorio, que ha inaugurado la ronda de declaraciones de los 34 acusados, el exministro ha defendido con rotundidad los 13.000 millones en provisiones que la entidad fue capaz de dotar, superiores a los recomendados por los organismos públicos, y que fueron realizados contra reservas y no contra la cuenta de resultados, conforme a la normativa contable.
Sobre el debut bursátil de Bankia en julio de 2011, Rato ha explicado a la sección cuarta de la sala de lo Penal que estaban «en manos del regulador y de la ley», y ha indicado que tuvieron que llevar a cabo la operación en plazos «muy cortos», ya que el Banco de España ponía de fecha límite el mes de septiembre.
Una premura precipitada por las exigencias anunciadas por el Gobierno a principios de 2011, cuando pidió a las Cajas que captaran capital, «nervioso» por el grave deterioro que estaban sufriendo los mercados a cuenta «primero de la crisis griega, y después del rescate de Irlanda».
Asimismo, ha remitido a la declaración en el Congreso de los Diputados del expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, quien negó que la entidad tuviera «problemas especiales» en el momento de la salida a Bolsa, y recordó que incluso se comportó mejor que el resto del sector bancario y el propio IBEX 35 en los siete meses posteriores.
Preguntado por las posibles alternativas al salto al parqué, Rato ha reconocido que Bankia mantuvo contactos con al menos dos fondos de inversión estadounidenses, como opción a que entraran en el capital de la entidad y evitar así la salida a Bolsa, pero exigían fuertes descuentos que hacían inviable la operación.
Sin embargo, el grueso del interrogatorio de la fiscal Carmen Launa se ha centrado en la compleja situación de Banco de Valencia, controlada por Bancaja, y cómo pudo afectar al grupo BFA-Bankia.
En tono de continuo reproche a la representante del Ministerio Público, el exministro, que ha repetido en varias ocasiones que esta entidad no formaba parte de la fusión, ha avalado la legalidad de otros aspectos de su gestión.
Entre éstos, el proceso de integración del que tomó parte Bancaja por «instrucciones» del Banco de España, organismo que «conocía las tripas» del nuevo grupo, ya que «tenía quince personas» en él.
A la fusión fría o al sistema institucional de protección (SIP) de las siete cajas -Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, y las de Segovia y La Rioja- se ha referido Rato como «una oportunidad para crear una hucha o mochila para un entorno que se veía que iba a ser peor» en alusión a la crisis.
En este sentido, ha insistido en que «las instrucciones, el dinero -4.465 millones- y el control» de la integración, fueron «diseñadas» por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Además, ha reiterado que el grupo disponía de provisiones suficientes para cubrir posibles deterioros, 13.000 millones de euros, muy superiores a los 6.300 millones sugeridos por el propio Banco de España, y se ha alegrado de no haber «seguido sus instrucciones por única vez».
A comienzos de la sesión, que se retomará mañana, el tribunal que preside la juez Ángela Murillo ha rechazado la mayoría de cuestiones previas planteadas por las defensas, si bien rechaza que las personas jurídicas, BFA, Bankia y la auditora Deloitte, puedan ser acusadas de falsedad contable, y aparta de la causa la documentación nueva referente al Banco de Valencia.
En el auto, en el que también obliga a los acusados a acudir a la vista, la sala, no obstante, muestra su sorpresa ante el anuncio de la Fiscalía de que pueda modificar su escrito de acusación y ampliar la calificación provisional, en el que de momento sólo carga contra Rato y los otros tres exadministradores del grupo, «cuando aún no se ha practicado una sola prueba y sin dato novedoso alguno».
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