El Supremo ordena a la UCO registrar el despacho del fiscal general en busca de los correos sobre el novio de Ayuso

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se presentaron a las diez de la mañana en las dependencias que ocupa Álvaro García Ortiz en el cuartel general del Ministerio Público en la calle Fortuny de Madrid con ordenes de, entre otras cosas, copiar los servidores de los ordenadores e incautarse de todos los dispositivos personales de Álvaro García Ortiz en busca del rastro de los correos electrónicos desde los que supuestamente pudo recibir y reenviar la segunda semana del pasado mes de marzo a personas ajenas al proceso los mails que se intercambiaron el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta, y el fiscal del caso, Julián Salto.

Este registro sin antecedentes (jamás antes en la historia judicial española se había allanado por orden judicial una dependencia oficial del Ministerio Público) se produjo solo minutos después de que el magistrado de la Sala Penal Ángel Luis Hurtado -instructor de la causa abierta a Álvaro García Ortiz- comenzara oficialmente la investigación contra el fiscal general dictando un auto en el que incoaba las correspondientes diligencias previas y requería al imputado para que designara abogado y procurador que se encarguen de su defensa y representación, «a efectos de no generarle indefensión».

En su oficio de registro, al que tuvo acceso este periódico, el juez Hurtado dio luz verde a la UCO a la incautación o copia de todo tipo de documentos «tanto en soporte papel como informático que tengan relación directa con los hechos investigadores». El instructor precisó que entre los efectos a intervenir deberían estar «el teléfono o teléfonos móviles» personales del fiscal general «así como otros dispositivos informáticos/telemáticos» del imputado y «que pudieran servir como indicios o pruebas de la comisión de los hechos objetos de la investigación».

Asimismo, el instructor autorizó a los agentes a acceder, con privilegios de administrador, a los servidores y «servicios de correo electrónico», «redes» y «repositorios» usados por el fiscal general desde 8 de marzo hasta este mismo día de 30 de octubre. En esa línea, instructor, ordenó en su resolución al «personal informático de la Fiscalía» que «identifique todas las cuentas de correo electrónico utilizadas» por Álvaro García Ortiz y «preste toda la ayuda técnica necesaria» a la UCO para clonar esos buzones. El acceso a los mails personales del fiscal general fue una de las peticiones expresas del novio de Ayuso, una vez que se personó como acusación particular en este proceso en el Supremo.

El pasado 16 de octubre García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general imputado después de que Sala de lo Penal del alto tribunal acordara por unanimidad abrir una causa contra él por haber supuestamente filtrado a la prensa afín correos electrónicos de la causa, que vieron la luz antes de la publicación de la nota oficial con el membrete oficial del gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba de varios datos secretos de esa causa.

Con ese comunicado (en el que el Supremo no vio delito porque todos los datos que contenía ya se había filtrado previamente supuestamente por el propio García Ortiz) la Fiscalía General del Estado quería desmentir las informaciones periodísticas que apuntaban a que había sido la Fiscalía la que había dado el paso de proponer un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y no al contrario. En ese acuerdo, González Amador reconocía haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades por valor de 350.951 euros y aceptaba una pena de ocho meses de cárcel con multa de 489.330 euros. El fraude se habría cometido por el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de esa nota informativa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso del fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió en primera persona la inspiración del comunicado divulgado el pasado 14 de marzo en el que la Fiscalía confirmaba que había existido una negociación con González Amador para que eludiera una eventual pena de cárcel a cambio del reconocimiento del fraude y el pago de una multa.

El fiscal general siempre se ha escudado en que los datos de ese comunicado ya eran de dominio público por haber aparecido en prensa y que esa nota está amparada por la legalidad porque su objetivo era salir al paso del «bulo» -achacado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez- de que habían sido los acusadores públicos del caso los que habían dado el paso de explorar una salida para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El instructor del caso contra García Ortiz, al margen de ordenar este inédito registro dictó una resolución en la que aplaza su decisión sobre la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias, personada como acusación popular.

En la misma resolución, dio traslado a las acusaciones populares personadas (que, además de Manos Limpias, son Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento.